Diversos exministros de Salud de Brasil denunciaron este domingo al presidente de la nación, Jair Bolsonaro, ante la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por su negligencia ante la pandemia de la COVID-19.
La querella fue presentada por la exministra Alexandre Padilha, quien estuvo al frente de la cartera desde 2011 hasta 2014, así como Arthur Chioro quien fungió como ministro en los años 2014-2015 y Humberto Costa que fue jefe de la cartera de salud en el período 2003-2005.
Em atitude inédita eu e os ex-ministros @senadorhumberto e Chioro recorremos a ONU @UN e a OMS @WHO p/observarem a atitude genocida de Bolsonaro diante da COVID19 https://t.co/4E4HsMMnQU
— Alexandre Padilha (@padilhando) April 25, 2020
Los demandantes acusan al jefe de Estado de "violar el derecho humano a la salud y la vida y de genocidio potencial", debido a no cumplir con las sugerencias proferidas por las autoridades sanitarias y de la Organización Mundial de Salud (OMS).
- Te puede interesar: Costa Rica registra dos casos nuevos de coronavirus, hay 264 recuperados
El presidente Bolsonaro se ha distinguido por minimizar la pandemia de la COVID-19, tildando el virus como "un simple resfriadito" y el pasado 19 de abril participó en una manifestación que pedía intervención militar y cierre del Congreso sin mascarilla y tosiendo permanentemente, obviando las recomendaciones de la OMS.
Asimismo, el Alto mandatario destituyó al entonces ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, por diferencias en el manejo de la crisis sanitaria generada por la pandemia.
Las autoridades sanitarias del país suramericano registran 62.859 casos de coronavirus, 30.152 recuperados y 4.271 decesos, informó Telesur.
Noticias falsas
En tanto, según una investigación bajo secreto de sumario, la Policía Federal (PF) identificó al concejal Carlos Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, como líder de una banda criminal dedicada a difundir noticias falsas.
Según el diario Folha de S. Paulo, las investigaciones, comandadas por el Supremo Tribunal Federal (STF), comenzaron en marzo de 2019 para averiguar el uso de noticias falsas con el objetivo de amenazar e intimidar a las autoridades a través de las redes.
