El Plan Estratégico contra la Trata de Personas en Nicaragua, fue el tema que se abordó este martes en Estudio TN8.
Como invitada especial estuvo Alba Luz Ramos, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
«Tengo que decir que tenemos muy pocas víctimas de trata de personas, muy pocos casos judicializados. Esto es porque el Gobierno de Nicaragua tiene una política pública de tolerancia cero y le da una gran prioridad a la lucha contra el delito»; indicó la funcionaria.
Dijo que eso ha ayudado a mejorar los sistemas de investigación, de procesamiento, de persecución del delito de la trata de personas. Además, señaló que se hace mucho énfasis en la sensibilización para la población en general.
Continuación del plan contra la trata de personas en Nicaragua
Añadió que este no es el primer plan, sino una continuación del plan anterior, con mismas líneas estratégicas pero fortaleciendo algunos puntos.
Entre las instituciones que trabajan en conjunto con este plan está la «Corte Suprema de Justicia, está el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Familia, Ministerio de la Mujer e instituciones del sector justicia»; refirió.
Un dato importante a destacar, es que según Naciones Unidas, en 2018 hubo alrededor de 50 mil víctimas, el 50% de los casos son mujeres y el 38% son niñas.
En Nicaragua, la incidencia es bastante baja, afortunadamente.
«Tuvimos el año pasado siete casos, seis de ellos de explotación sexual y uno de adopción irregular (…) normalmente hay cero impunidad en estos casos. La ley es fuerte y los juzgados están capacitados para conocer de este tipo de delitos«; indicó Ramos.
Todas fueron víctimas menores de 14 años. «Uno ya está condenado y los otros se siguen procesando», agregó.
Prevención, clave para combatir la trata de personas
«La primera línea estratégica está enfocada en la prevención. Prevenir es mejor que luchar directamente cuando ya es tarde, cuando ya se ha cometido el delito»; agregó Ramos.
Dijo además que la línea 118 de la Policía Nacional y 133 de MIFAMILIA son las que se coordinan y reciben denuncias. Igualmente, señaló que hay mesas distritales para tener ese contacto que permita recibir cualquier tipo de denuncia.
La mayor parte de las víctimas son menores de edad, que quieren tener su dinero aparte y caen con las redes con vínculos internacionales. «Es importantísimo cómo se involucra la comunidad en la lucha contra este delito, y explicarle las consecuencias que tiene, cómo maltrata a la familia, cómo los desune».
«El tratamiento de estas personas, una vez ocurrido el delito es de suma importancia. Para eso tenemos comisiones interdisciplinarias (…) lo que se trata es de no revictimizar«; afirmó.
«Son bastantes actividades, foros, talleres y charlas, para que sepan cómo opera el reclutamiento de víctimas, para que reconozcan una persona o las busquen desde redes sociales», aseguró.
Para concluir, recordó que es importante la comunicación familiar para evitar este tipo de casos en Nicaragua.
