Las cuevas de San Miguel, en Granada (España), seguirán siendo el hogar de decenas de familias. La solidaridad de muchos vecinos ha impedido que el ayuntamiento lleve a cabo el desalojo, al menos de momento. ¿Ha terminado la pugna?
«El desalojo sería la pérdida de la forma de vida que tenemos aquí en el cerro», se indigna Inma, una estudiante que vive en una de las 8 cuevas que el Ayuntamiento quiere desalojar. Junto a ella vive otra comunidad senegalesa que utiliza la cueva como templo para rezar 2 días a la semana y donde algunos también se quedan dormir.
Los habitantes reconocen que las cuevas necesitarían una rehabilitación, porque no tienen luz ni agua. «Nosotros no nos oponemos a que se legalicen estas cuevas, se ponga agua y luz», explican al tiempo que niegan que exista riesgo de que se vengan abajo. «Esto lleva más de 10 años y no se ha caído. Así es que no, ningún miedo. Además, se está bastante a gusto, la tranquilidad, el sitio que es precioso… Para nada nos vamos», se reafirma Marga.
«Los informes de ruinas son de 2010, lo que es una auténtica vergüenza, porque si desde 2010 todavía no se han caído es una más de las mentiras que se descubren de este ayuntamiento del PP», dijo Antonio Redondo, portavoz del grupo ‘Stop Desahucios Granada’. Según él, se trata de «otro intento más de seguir con la actividad especulativa y quitar los derechos a los moradores».
Detrás lo que hay son intereses urbanísticos e intereses especulativos
Los locales también denuncian que los informes se hicieron sin que ningún experto entrara en las cuevas y piden un segundo peritaje. «Cuando se decreta el desalojo por ruina se deben elaborar planes a medidas, para realojarlos, imagínate que estamos en pleno diciembre, ¿qué hacen estas familias?», expresa Marisa Dávila, de Abogados en Red.
Por su parte, el Gobierno autonómico ha ofrecido rehabilitar las cuevas, pero el Ayuntamiento insiste en que se trata de suelo no urbanizable, dice que no son viviendas y que ese proyecto podría durar mucho tiempo. «No estamos hablando ni de viviendas, ni de infraviviendas, ni de familias que vivan allí, de personas que vivan allí, estamos hablando de una zona que no es residencial, y allí no hay viviendas, y como lo que hay no son viviendas no se pueden rehabilitar porque no son viviendas», expresó la Concejalía de Urbanismo.
Sin embargo, en los propios registros municipales consta oficialmente que sí que hay gente viviendo allí. Según la oposición y los vecinos, la verdadera intención de Urbanismo es echarles para construir un complejo turístico. «Como contexto lo que ocurre en Brasil, que quieren echar a la gente más pobre de las favelas […]. Es decir que es una lucha de clases básicamente», opina Juan Parra, vecino del cerro de San Miguel.
«El ayuntamiento lo que quiere es limpiar la era, porque detrás lo que hay son intereses urbanísticos e intereses especulativos», opina Paco Puertadura, portavoz de Izquierda Unida, explicando que lo que estaba previsto hacer en el cerro de San Miguel es un mirador con restaurante, unos centros de interpretación y una serie de alojamientos turísticos.
El ayuntamiento quiere llevar el caso a los juzgados para que ordene los desahucios, y los vecinos también, ya que así -dicen- no dependerán solo de las decisiones políticas. De momento, las cuevas del cerro alto de San Miguel han resistido a un nuevo intento de desalojo.
