La ampliación del canal de Panamá tiene el objetivo de permitir el paso de navíos que transporten hasta 12.000 contenedores, el triple de la carga posible actualmente.
Las obras estaban inicialmente previstas para terminar en octubre de 2014 para coincidir con el centenario pero fueron aplazadas hasta 2015 por un primer desacuerdo entre el consorcio y la autoridad panameña sobre la calidad del cemento.
Sacyr, que dirige el consorcio internacional Grupo Unidos por el Canal (GUPC) , dijo que «procederá a la suspensión de los trabajos si los incumplimientos denunciados no son remediados dentro del periodo de preaviso» , en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española.
El miércoles, el administrador del canal, Jorge Quijano, rechazó «de manera categórica» las presiones del GUPC «con el único propósito de forzarnos a negociar fuera de los términos establecidos en el contrato» .
En el consorcio GUPC participan Sacyr, la firma italiana Impreglio, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana.
Sacyr denuncia «incumplimientos graves» en el contrato por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) , y cifra el importe global de las reclamaciones en 1.625 millones de dólares (unos 1.183 millones de euros) .
Según el contrato, el contratista puede presentar su reclamo en primera instancia ante la ACP, si no se resuelve puede acudir a la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés), y por como última instancia apelar a un arbitraje internacional.
