LIMA, Perú (AP) Juristas y defensores de los derechos humanos criticaron el martes una ley que deja a policías y militares exentos de responsabilidad penal si es que causaran la muerte o lesiones a terceros en cumplimiento de su deber.
La ley, publicada la víspera en el diario oficial El Peruano, refuerza una norma dictada durante el gobierno del ex presidente Alan García (2006-2011), en un contexto de aumento de los conflictos sociales y manifestaciones. Esa ley buscaba proteger legalmente al personal de las fuerzas del orden cuando eran acusados de haber matado a civiles durante graves alteraciones del orden público como huelgas y manifestaciones violentas.El texto legal señala que «está exento de responsabilidad penal… el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte».
La norma del gobierno de García indicaba «en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria», en alusión al reglamento existente para la policía y personal de las fuerzas armadas y que regula el uso de sus armas. Los expertos señalan que al quitarse la referencia al «uso de sus armas en forma reglamentaria» se favorecería la impunidad.
«Ha sido un grave error», afirmó el abogado Carlos Rivera, de la organización no gubernamental Instituto de Defensa Legal.»A partir de la ley de ayer (lunes), el fiscal o el juez ya no tiene el deber de verificar si es que el uso (del arma) ha sido un uso reglamentario porque la ley ha quitado esa condición legal…
por lo tanto sí podría ser esta norma una norma que (promueva que) un hecho violento, violatorio de derechos fundamentales, quede simplemente en la impunidad».El congresista Pedro Spadaro, quien promovió la norma, defendió su necesidad ante un aumento de la criminalidad y de la inseguridad ciudadana, según adujo.
«Era necesaria, porque en muchos casos la policía era involucrada en procesos penales cuando tenía por ejemplo que combatir a unos ‘marcas’ (asaltantes), a unos sicarios, y al enfrentarse a balazos con estos sicarios y de repente herir o matar a un delincuente, este policía tenía que ir a un proceso penal… por defender a la sociedad, a nuestros hijos, a las familias», dijo el legislador.
Para el decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, es preocupante que se esté implantando una «superprotección» a los policías y personal militar dejando desprotegida a la ciudadanía.»Lo que se protege es la vida o la integridad de las personas… Los civiles vamos a estar más desprotegidos», comentó Amoretti a la AP.
Según estadísticas de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, organismo que reúne a organizaciones de derechos humanos en Perú, desde el año 2001 a la fecha, 106 personas murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden durante protestas y conflictos sociales, cifra muy superior a otros países de la región.
Al mismo tiempo, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Perú existe la percepción más alta de inseguridad en el barrio, con 50%, comparado con países como Venezuela (43,7, El Salvador (42,5%), Bolivia (39,8%), República Dominicana (38,6%) y Ecuador (38,1%).
