ESTRASBURGO, 16 enero 2014 (AFP) – Los eurodiputados se libraron este jueves a un intenso debate sobre el proyecto de ley de reforma del aborto en España, que suscitó numerosos reclamos para que se retire, así como pedidos para que los parlamentos nacionales puedan legislar en la materia sin injerencia.
«Algunos deseaban que este debate no tuviera lugar hoy (…) Europa no puede permanecer impasible cuando el gobierno de Rajoy pretende acabar con años de lucha de las mujeres», dijo ante el pleno, que debatía sobre salud sexual y reproductiva, la eurodiputada socialista Iratxe García.
«La actual ley que quiere imponer obliga a todas las mujeres a ser madres aún cuando ellas no lo deseen», añadió.
«La ley del Partido Popular (el PP, en el poder) es un menosprecio al derecho de las mujeres (…) es una ley misógina», ahondó por su parte el eurodiputado de los Verdes Raúl Romeva que instó a la Comisión Europea «a evitar tal despropósito».
Siim Kallas, comisario europeo que participó en el debate en representación de la Comisión Europea, declaró que los tratados de la Unión Europea (UE) especifican que «la definición de las políticas de salud atañen a los Estados miembros» por lo que el Ejecutivo europeo «no tiene competencias sobre las políticas nacionales con respecto al aborto y no puede tener injerencia sobre el tema».
Es en este sentido que se pronunciaron diputados del Partido Popular Europeo (conservadores), entre ellos la española del PP Teresa Jiménez Becerril.
«Es en los Parlamentos nacionales en donde debe decidirse», dijo acusando a los eurodiputados que se oponen a la reforma en España de traer el debate a la Eurocámara por temor a no poder ganarlo en el Congreso de los Diputados.
«Se han llenado la boca hablando de los derechos de la mujer, pero no han tenido ninguna palabra para hablar de los derechos del niño por nacer», acusó.
El gobierno español aprobó en diciembre una reforma restrictiva de la ley del aborto, eliminando la actual legislación, reformada por el gobierno socialista en 2010, que permite la interrupción libre del embarazo en las primeras 14 semanas y hasta las 22 en caso de malformación del feto.
El cambio legislativo supone una vuelta a la ley de supuestos de 1985, e incluso más restrictiva que ésta ya que se elimina la posibilidad de abortar en caso de malformación del feto.
