Brasil descartará una polémica disposición que habría obligado a las compañías globales de Internet a almacenar la información de usuarios brasileños dentro del país para protegerlos de actividades de espionaje de EE.UU., dijo una ministra brasileña.
La disposición fue agregada el año pasado a una legislación para regular Internet, propuesta tras las revelaciones de que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA por sus siglas en inglés) espió comunicaciones digitales de brasileños, entre ellos las de la presidenta Dilma Rousseff y las de la principal empresa petrolera del país, Petroleo Brasileiro SA, informa Reuters.
En lugar de eso, la legislación establecerá que las compañías como Google y Facebook están sujetas a las leyes brasileñas en casos que involucren información sobre ciudadanos locales, incluso aunque los datos estén almacenados en el extranjero, dijo la ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvatti.
La ministra también señaló que el proyecto de ley, al que se oponen algunos de los aliados de Rousseff en la Cámara Baja del Congreso, tiene apoyo suficiente para ser sometido a votación.
Salvatti dijo que el Gobierno no negociará una importante disposición en el proyecto de ley sobre la neutralidad de la Red, que en general ha tenido una fuerte oposición por parte de las empresas de telecomunicaciones en Brasil debido a que les impediría introducir precios diferenciales según los usos y velocidades de Internet, como tarifas más altas para descargar videos.
La regulación de los aspectos comerciales de la nueva legislación puede realizarse posteriormente por decreto ejecutivo, dijo la ministra.
La legislación, apodada la ‘Constitución de Internet’ de Brasil, apunta a proteger la libertad de expresión, resguardar la privacidad y establecer límites a la recopilación y uso de metadatos de los usuarios de Internet.
Tras las revelaciones de espionaje basadas en documentos filtrados por el excontratista de la NSA Edward Snowden, exigir a las compañías de Internet que almacenen los datos de los ciudadanos brasileños dentro del país para quedar de este modo sujetas a las leyes nacionales ha sido una prioridad para Rousseff.
