El Ministerio de Justicia de Paraguay obligará a cinco campesinos en huelga de hambre desde hace 56 días aceptar la atención médica y eventual alimentación tras recibir la autorización de un tribunal.
El juez Rubén Ayala a petición de la entidad gubernamental aceptó la medida después que el Tribunal de Sentencia de Saltos de Guairá denegara la concesión de prisión domiciliaria de los reclusos.
Los campesinos en huelga de hambre Rubén Villalba, Adalberto Castro Benítez, Arnaldo Quintana Paredes, Néstor Castro Benítez y Felipe Benítez Balmori se encuentran encarcelados desde junio del 2012 tras el sangriento desalojo de Curuguaty que culminó con la muerte de 11 rurales y seis policías.
Las autoridades alegan que por el derecho a la vida deben atender obligatoriamente a los huelguistas desatendiendo el tema de que estos protestan por el encarcelamiento sin juicio definitivo.
El tribunal ordenó realizar los tratamientos, diagnóstico médico y atención debida a los reclusos.
Esto se hará en el Hospital Militar, lugar al cual fueron trasladados bajo protesta y a pesar de las declaraciones de Isaías Fretes, titular de sanidad de esa instalación, quien explicó estarían más seguros en una casa evitando infecciones posibles en el centro médico, dado su grave estado de salud.
La diputada Karina Rodríguez responsabilizó al Tribunal de Sentencia y al Estado paraguayo de lo que pueda ocurrir con la vida de los huelguistas y la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, condenó la sentencia y el desconocimiento de los derechos humanos en este caso.
Otra fuerte protesta fue la de los familiares de los cinco campesinos, especialmente de parte de Mariano Castro, padre de los huelguistas Adalberto y Néstor Castro quien declaró en Paraguay no existe la justicia.
«Esta resolución está pagada por los latifundistas y grandes productores de soja, pero como los pobres están desamparados en nuestro país, nunca dejaremos de luchar», puntualizó.
Caso Curuguaty
Los cinco campesinos fueron detenidos durante la llamada Masacre de Curuguaty, el desalojo violento de las familias campesinas asentadas en tierras en disputa entre el Estado y un político latifundista, hecho que culminó con la muerte de 11 rurales y seis policías.
Resultados de investigaciones independientes, incluso de entidades internacionales, plantean que el enfrentamiento fue iniciado por tiradores desconocidos con armas automáticas nunca poseídas por los labriegos y aseguran parte de los caídos fueron ultimados tras ser detenidos.
