El Gobierno de España tiene previsto otorgar al rey Juan Carlos una «protección jurídica máxima y única» ante cualquier denuncia, querella o demanda que se pueda tramitar en su contra cuando deje de ser jefe del Estado y pierda, por tanto, su inviolabilidad jurídica.
La prensa española reseña que este «fuero total» obligará a que cualquier causa, sea civil o penal, contra Juan Carlos de Borbón se instruya, y en su caso se enjuicie, en el Tribunal Supremo de la Nación, máximo órgano judicial.
Actualmente, las máximas autoridades del Estado poseen una protección jurídica especial y cualquier demanda civil contra ellos, en el ejercicio de su cargo, es instruida por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Igualmente, cualquier querella penal es competencia de la Sala de lo Penal del mismo Tribunal.
En ese sentido el Gobierno del presidente Mariano Rajoy ampliará esa inmunidad en el Rey, para demandas civiles por hechos cometidos fuera del ejercicio de su cargo.
Meses atrás, dos juezas de Madrid (capital) rechazaron admitir unas demandas de paternidad contra Juan Carlos, por hechos supuestamente ocurridos cuando todavía no era Rey, acogiéndose a que el Monarca, según establece la Constitución, «no está sujeto a responsabilidad».
En ese entonces, las juezas argumentaron que la inviolabilidad del Rey «implica la imposibilidad, no sólo de exigir responsabilidad penal, sino también de dirigir contra el Monarca acciones ante la jurisdicción civil».
En caso de no poseer esa «protección máxima jurídica», al abdicar Juan Carlos y ser proclamado Felipe de Borbón como nuevo Rey, esas demandas civiles en su contra podrían tramitarse en juzgados ordinarios.
El diario El País explicó que existen dos fórmulas exprés para lograr dar ese fuero total al Rey. La primera es con una reforma parcial de la vigente Ley del Poder Judicial, específicamente un sólo artículo.
En tanto, la segunda es redactando un proyecto de Ley Orgánica de muy pocos artículos y sólo para el aforamiento, una vía que ya asomó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en el último Consejo de Ministros.
Durante el reinado de Juan Carlos, la familia real no ha gozado de protección jurídica especial, hasta el punto de que la infanta Cristina, hija del Rey, está imputada en un juzgado de instrucción de Palma de Mallorca por el caso Nóos.
