Tras nueve horas de discusión, el Senado de México aprobó en lo general la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones con 80 votos a favor del PRI, PAN y Partido Verde; y 37 en contra. Toda la bancada del PRD, al final de la discusión, votó en contra para seguir la línea de su partido.
El propio coordinador, Miguel Barbosa, fue a la tribuna para explicar que los senadores respetan la opinión y las recomendación del Consejo Nacional de su partido y por eso decidieron votar todos en contra, pese a que intervinieron para modificar algunos aspectos importantes de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto.
Después de 34 oradores, los dos últimos panistas, Javier Corral y Roberto Gil Zuarth, expusieron posturas diametralmente opuestas.
Corral expuso que no se quiso combatir a los dos monopolios en el área de telecomunicaciones y de radiodifusión. En preponderancia el único dilema real es si se someterá o no a Televisa para que enfrente de una vez por todas la competencia.
«Televisa es el único caso en el mundo que concentra directamente tanto la televisión abierta, 60 por ciento de la audiencia; como la restringida, 62 por ciento de suscriptores, situación que le otorga un enorme poder en la producción, compra y distribución de contenidos, así como la venta de publicidad. Ese es el poder que se usó como cañón frente a la clase política para cooptar, chantajear y conseguir leyes a su medida o expandirse a otros negocios como el de la telefonía, los casinos, los espectáculos o el deporte», detalló.
Asimismo, apuntó que «dejar sin declaratoria de preponderancia a cualquiera de las dos plataformas de transmisión es una simulación para que incluso le dé la vuelta a las medidas asimétricas».
El Gobierno de México presentó en 2013 una polémica reforma de ley en materia de telecomunicaciones, que cuenta con el respaldo de cuatro fuerzas políticas y afecta los intereses de poderosas empresas mediáticas que, hasta ahora, han rechazado la apertura en el sector para mantener su monopolio en el país.
La iniciativa legal prevé cambios en la Constitución dirigidos a que el Estado recupere la rectoría en el sector clave de las telecomunicaciones, promueva la competencia y abra la puerta a la inversión extranjera.
