La compañía petrolera Rosneft y el empresario ruso Arkadi Rotenberg han presentado denuncias ante la Corte Suprema de la Unión Europea para anular las sanciones introducidas en su contra por el Consejo Europeo.
Rosneft presentó la demanda el 9 de octubre. Su contenido todavía no está disponible en la base de datos de la Corte, pero con toda probabilidad el objetivo de la demanda es revocar la limitación del acceso de las empresas y los bancos rusos al mercado europeo de capitales, informa el diario oficial ‘Rossíiskaya Gazeta’.
El empresario ruso Rotenberg también denunció este 10 de octubre la congelación de sus activos y la prohibición de viajar. Según sus representantes, el Consejo Europeo no ha suministrado pruebas válidas suficientes para decidir acerca de las restricciones impuestas al empresario.
Este ejemplo puede ser contagioso y otras compañías también podrían presentar sus quejas ante los organismos judiciales europeos.
Al mismo tiempo, los expertos creen que el ejemplo de la empresa petrolera Rosneft y el empresario Rotenberg puede ser contagioso y otras compañías podrían presentar sus quejas ante los organismos judiciales europeos. Eso parece razonable, en primer lugar, para las empresas occidentales con intereses en el sector ruso de la energía, ya que principalmente ellas se han visto afectadas por las sanciones antirrusas, indicó el rotativo.
No obstante, los expertos señalan que es poco probable que este tipo de demandas ante la Corte Europea tengan éxito, aunque podrían satisfacerse parcialmente. «Por un lado, las sanciones de la UE están en contradicción con los principios del libre mercado, así que, en teoría, el tribunal ha de admitir las razones de los demandantes. Por otro lado, el fallo de la corte del caso de Rosneft puede estar politizado», dice el director del Centro para la Regulación Legal de las Relaciones Intergubernamentales de Rusia, Dmitri Matvéyev.
A pesar de ello, el caso de Rosneft y el empresario Rotenberg puede dirigir la atención de los ciudadanos europeos sobre el hecho de que las sanciones sectoriales contradicen en gran medida los principios en los que se basa la UE, cree el experto.
