Mientras la economía española sigue sin recuperar el creciemiento después de la profunda crisis que golpeó al país en 2008, firmas como Goldman Sachs causan atemorizan a los más humildes aumentando el precio de la renta en los pisos.
El año pasado, cuando el ayuntamiento de Madrid y otros gobiernos regionales anunciaron la venta de 5.000 apartamentos a consorcios privados como Goldam Sachs y Blackstone, se aseguró a los inquilinos que no se alterarían los términos en los que se había fijado el costo de la renta.
Sin embargo, según una investigación elaborada por Reuters, mientras los contratos anteriores expiran, miles de personas han sido demandadas con el propósito de reevaluar e incrementar drásticamente el costo de los pisos, causando pánico entre los sectores más pobres del país, que ahora dependen de donaciones privadas para solventar los gastos derivados del incremento de las rentas.
Jamila Bouzelmat es una de las miles de españolas atrapadas en esta situación. Madre de seis niños, vive en un departamento de cuatro habitaciones ubicado en los suburbios de Madrid que recientemente fue adquirido por Goldam Shachs y una compañía española. La mujer, de 44 años, dijo que hasta marzo de este año su familia pagaba 53 euros mensuales (78 dólares) por la renta del piso gracias a los 500 euros del seguro de desempleo al que es acreedor su marido. Sin embargo, al siguiente mes descubrió que los nuevos rentistas habían retirado 436 euros de su cuenta bancaria cuando procedía a retirar dinero para pagar los gastos de electricidad. «Nos dejaron sin un centavo en el banco», dijo la mujer que ahora vive angustiada por el pago de la renta.
La investigación sacó a relucir que otras 40 familias viven una situación similar a la de Jamila, incluyendo a los sectores más vulnerables entre los más pobres de Madrid: madres solteras desempleadas con hijos discapacitados y personas portadoras de sida, que afrontan órdenes de desalojo suspendidas temporalmente.
Sin embargo, pese a estas denuncias, se carece de pruebas que demuestren que las firmas hayan actuado de manera ilegal. Antes al contrario, habiendo comprado el 15 por ciento de la vivienda pública de Madrid, los nuevos propietarios simplemente hacen uso del derecho de cobrar una renta tipo comercial una vez que expiran los viejos contratos.
Al mismo tiempo, para dar respuesta a las peticiones de los inquilinos, los consejeros socialistas en el Ayuntamiento de Madrid han entablado juicios legales contra los funcionarios que dirigieron las ventas de las viviendas, lo que es respaldado con marchas nutridas por los cientos de personas afectadas. La presión provocada por las protestas en las calles ha obligado a las firmas a posponer el desalojo de los inquilinos de los departamentos.
Pese a todo, la investigación concluye que todo parece indicar que empresas como Goldman Sachs han sido las principales beneficiadas con las políticas de austeridad y recorte presupuestario aplicadas en España desde 2008, ya que aprovecharon el histórico colapso del mercado de vivienda en el país adquiriendo inmuebles que fueron rematados por el Gobierno a precios sumamente bajos. Así, de 2008 a 2013, el precio de las propiedades en España se han devaluado casi un 40 por ciento, al mismo tiempo que, según cifras oficiales, se mantienen vacíos alrederor de 3 millones de departamentos; todo ello en uno de los países que registra uno de los niveles más bajos en cuanto a la disponibilidad de vivienda en Europa.
