Cinco meses antes de la desaparición de los 43 estudiantes de Guerrero, la Procuraduría General de la República mexicana tenía información sobre vínculos del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y miembros de su familia con el crimen organizado.
Según ‘Proceso’, en abril pasado las autoridades judiciales del país ya tenían conocimiento acerca de que una sobrina de Abarca, así como el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Velázquez, tenían nexos con grupos delincuenciales.
En mayo la Procuraduría General de la República (PGR) tenía en su poder una amplia declaración realizada por un testigo quien narró cómo la Policía de Iguala «levanta a personas» y las entregaba a Guerreros Unidos, grupo delincuencial que luego se encarga de negociar el rescate.
Además, ‘Proceso’ cita un diálogo en las redes sociales de junio pasado, en el que el entonces vicefiscal de Investigaciones de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, le pregunta al titular de la Unidad Especializada de Investigaciones de Delitos de Secuestro de la PGR, Gualberto Ramírez, si ya se había consignado el caso Iguala, a lo que el segundo le responde: «esta quincena queda», lo que obviamente no ocurrió.
Más tarde la Fiscalía de Guerrero envió a la PGR más acusaciones en contra de Abarca, acusándolo del homicidio de un activista.
Finalmente, dos días antes de los sucesos de Iguala, el entonces procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, le pregunta a Gualberto Ramírez si «le faltaba mucho», a lo que el funcionario de la PGR respondió: «no, ya tiene que salir este mes».
Por su parte, el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo, a inicios de este mes al responder a una pregunta sobre por qué esa entidad gubernamental se incorporó tan tarde a las investigaciones, a pesar de que tenía información desde hace varios meses de lo que pasaba en Iguala, dijo que «nada más que no era de nuestra competencia, hasta ese momento parecía otra cosa».
