El Gobierno de Barack Obama no movió ni un dedo para castigar a los culpables de torturas, afirman en Rusia después de la publicación del informe del Senado sobre estas prácticas. Surge una pregunta: ¿por qué Obama no procesará a los torturadores?
«El informe del Senado de Estados Unidos confirma el uso sistemático de la tortura en las prisiones de la CIA, en violación de las obligaciones internacionales de EE.UU. Todo el mundo lo sabe desde hace mucho tiempo», escribió el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia sobre los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho, Konstantín Dolgov, en su Twitter.
«A pesar de prohibir formalmente la tortura, la Administración de Obama no movió ni un dedo para castigar a los culpables de estas graves violaciones de los derechos humanos. Esto ha contaminado todavía más la reputación de EE.UU. en el campo de los derechos humanos», subraya el diplomático ruso.
El profesor de derecho de la Universidad de Chicago y columnista de ‘The Slate’ Eric Posner explica por qué Obama no procesará a los torturadores: en EE.UU. los fiscales no se dedican a los casos perdidos. Es más, la misma Convención Internacional contra la Tortura requiere que los Gobiernos investiguen las denuncias de tortura, pero no los obliga a enjuiciar casos que no se pueden ganar.
El caso de las denuncias por torturas no tiene ninguna posibilidad de ganar porque los actos mencionados en el informe del Senado se llevaron a cabo en el extranjero, a veces en zonas militares, contra personas que se creía eran terroristas y no delincuentes comunes. «Por otra parte, los agentes de la CIA fueron informados por los abogados del Gobierno que la ley les permite someter a los detenidos al ‘submarino’ y a otras técnicas coercitivas. Estaban actuando en el ámbito de la seguridad nacional», escribe Posner.
Recuerda también el principio clave de Obama contra la criminalización de la política, que consiste en la idea de que se puede llevar ante la justicia a una o varias personas, pero que acciones judiciales contra cientos de personas representan un riesgo real para la gobernabilidad democrática.
«La Administración de Obama ha utilizado una doctrina legal llamada ‘privilegio de secreto de Estado’ para evitar que las víctimas de tortura usen pruebas de tortura en las acciones civiles contra funcionarios del Gobierno», escribe el experto.
La única salida
A pesar de que opina que no hay motivos para creer que presenciaremos un juicio contra los autores de las torturas (por ejemplo las ocurridas en Guantánamo), Posner termina su artículo con un párrafo optimista: «La única manera de asegurarse de que los funcionarios estadounidenses no torturen durante el próximo caso de emergencia para la seguridad nacional es elegir a presidentes que no van a autorizar la tortura».
