Hace setenta años, el pequeño George Stinney se convirtió en la persona de menor edad en ser ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos.
A sus escasos 14 años, fue condenado a la silla eléctrica por asesinar a dos niñas en Carolina del Sur. Sin embargo, hace pocos días una juez anuló la sentencia alegando que, muy probablemente, las autoridades lo forzaron a confesar el crimen.
Tal y como explican varios diarios internacionales como la versión digital del diario The Independent, el presunto asesinato del pequeño sucedió en 1944, año en el que fue acusado de acabar con la vida de dos niñas blancas tras golpearlas repetidamente en la cabeza con una barra de hierro.
A pesar de que de las hermanas del niño declararon haber estado con él en otro lugar en el momento en el que se sucedieron los hechos, fue detenido.
Posteriormente, fue interrogado por las autoridades, momento en el que afirmó que él había cometido los asesinatos. Sin embargo, sus familiares señalaron en su momento que el pequeño estaba tan asustado que habría dicho lo que fuera a los agentes.
En menos de tres meses, el jurado lo declaró culpable y fue condenado a la silla eléctrica. Según los presentes, George era tan pequeño que las correas no le cabían e, incluso, fue necesario apoyarlo sobre una Biblia para que llegara hasta el electrodo de la máquina.
Así se quedó la situación el 2013, momento en que su familia solicitó a un juez local que reabriera el caso debido a que el pequeño era inocente. Para ello, señalaron además que había nuevas pruebas sobre el caso.
Así pues, hace pocas jornadas hubo una audiencia en la que varios testigos pusieron en duda la declaración de culpabilidad del niño y la presunta autopsia a la que fueron sometidos los cadáveres de las fallecidas.
Como ya había hecho antes, Aime Ruffner -una de las hermanas del joven, de casi 90 años- aseguró que se encontraba junto a su hermano cuando ambos vieron, por última vez a las chicas asesinadas. «Después de verlas, fuimos a casa a comer y a hacer los deberes».
Tras el proceso, Carmen Mullen la juez de Carolina del Sur encargada de este caso- señaló en su fallo que se cometió una de las mayores injusticias de la época en el caso de este chico, pues era «muy probable» que fuera obligado a confesar por las autoridades policíacas que lo arrestaron.
