La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, retiró a su embajador en Yakarta, capital de Indonesia, tras la ejecución de un brasileño en ese país por delitos relacionados a drogas. Holanda también llamó a su diplomático y condenó la ejecución de su ciudadano Ang Kiem Soei.
En total fueron ejecutados cinco extranjeros, procedentes de Nigeria, Malawi, Vietnam, Brasil y Holanda, y un ciudadano indonesio.
En un comunicado, la mandataria brasileña dijo que «el uso de la pena de muerte, que la sociedad global condena cada vez más, afecta severamente las relaciones entre nuestros países».
Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, Bert Koenders, aseveró que la ejecución «es un castigo cruel e inhumano que representa una negación inaceptable de la integridad y dignidad humana».
Por su parte, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, escribió este domingo en la red social Facebook que «la guerra contra la mafia de la droga no se puede llevar a cabo con medidas tímidas porque las drogas han arruinado la vida de los drogadictos y de sus familias».
El mandatario, quien asumió el cargo en octubre de 2014, ha dado su apoyo a la pena de muerte en un país que tiene una estricta legislación contra el tráfico de drogas. Los fusilamientos de los cinco extranjeros y el ciudadano indonesio son las primeras penas capitales ordenadas por Widodo.
