El derrame de 180 toneladas de nitrato de amonio frente a la principal ciudad del Pacífico de Costa Rica mantiene en alerta el turismo, a la pesca y a sectores defensores del medio ambiente. El Gobierno nacional ha encendido las alarmas después de conocerse el vuelco de una barcaza cargada del químico que se usa para producir fertilizantes, frente a la ciudad de Puntarenas.
Aunque no se registra afectación directa a la población o a la fauna marina a lo largo de 100 kilómetros de costa, miles de turistas debieron alterar su plan de fin de semana tras conocer la alerta roja emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) 12 horas después de reportado el accidente. El domingo se degradó la alerta a la categoría amarillo (intermedia) pues se descartó el perjuicio directo a los bañistas o consumidores de mariscos y pescado de la zona, pero se mantiene la preocupación por el daño ambiental ocasionado.
La respuesta tardía de las autoridades y la escasez de personal de socorro disponible en una de las zonas de playa más visitada del país expusieron a los bañistas a sufrir daños por el contacto o consumo de la sustancia química. El nitrato de amonio, una sal soluble en el agua que se utiliza en agricultura, puede causar náuseas, dolor abdominal e irritaciones en la piel y los ojos a quienes entren en contacto con ella.
Las autoridades no emitieron alerta alguna hasta la madrugada del domingo y al final del día, tras los primeros análisis de la zona contaminada, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) redujo la alerta roja a amarilla. Pudimos tomar la decisión de disminuir el estado de alerta. El riesgo para la población al entrar en contacto con el agua es reducido, afirmó el presidente del CNE, Iván Brenes, en rueda de prensa. El estado de alerta amarilla rige para las costas de la ciudad de Puntarenas, el puerto de Caldera y las playas Tambor y Cóbano, en linderos del Golfo de Nicoya.
Este lunes se tomaron muestras del agua en la zonas afectadas y en tres días se podrá calcular el impacto del nitrato de amonio sobre la vida marina. Además, el Tribunal Ambiental Administrativo y la Fiscalía General anunciaron que abrirán un proceso de investigación sobre las causas y las consecuencias del hundimiento.
Agencias
