La Agencia de Seguridad Nacional y las compañías de telecomunicaciones de Estados Unidos empezarán a cerrar el domingo un programa, alguna vez secreto, que recopila los registros telefónicos de buena parte de los estadounidenses, desactivando computadoras y bases de datos digitales.
A menos que el Congreso de Estados Unidos tome medidas de último hora, claúsulas clave de la Ley Patriota quedarán inválidas, marcando un punto de inflexión en los tiempos posteriores a los ataques del 11 de septiembre del 2001.
Las competencias de intromisión entregadas al Gobierno, creadas y usadas con la intención de prevenir otro gran atentado terrorista, serán eliminadas al menos en parte, según críticos y defensores de las medidas de vigilancia.
El FBI, por ejemplo, ya no podrá usar dispositivos para interceptar llamados de sospechosos de terrorismo que emplean varios celulares desechables, y tendrá más dificultades para acceder a los registros de esas personas y de sus presuntos cómplices.
«Hemos pasado a la etapa inmediatamente posterior a los ataques del 11 de septiembre. Y podemos analizar estos asuntos con más calma», dijo Peter Swire, quien trabajó en el comité de revisión establecido por el presidente Barack Obama, después que el ex contratista de seguridad Edward Snowden reveló en 2013 los programas de vigilancia de la NASA.
Mientras se agota el plazo, una coalición de senadores republicanos -que dicen defender las libertades de los ciudadanos- bloqueó la aprobación de una nueva medida conocida como Ley de Libertad Estadounidense, que reformaría buena parte del programa de registros telefónicos pero no lo eliminará.
El grupo desea que el programa sea derogado del todo, mientras otros legisladores argumentan que la iniciativa debe mantenerse tal como se encuentra en la actualidad.
