Una empresa familiar radicada en un pequeño municipio costero español operó durante 15 años una de las mayores redes internacionales de pesca ilegal de merluza negra del Antártico, un apreciado manjar en los restaurantes más selectos.
Estas actividades no se contemplan como delitos penales, pero las autoridades españolas imputan 19 infracciones muy graves a varias empresas y personas por la explotación de cuatro buques de pesca ilegal en aguas del Antártico. El gobierno tiene la potestad de multar a la compañía por la violación de las leyes internacionales de pesca. La sanción podría superar los 11,4 millones de euros (12,9 millones de dólares).
El Ministerio español de Agricultura no nombró las compañías, pero el ministro de Exteriores de Nueva Zelanda, Murray McCully, dijo a The Associated Press en una entrevista que las empresas están vinculadas a Vidal Armadores SA, que ya fue multada con 150.000 euros (167.650 dólares) por pesca ilegal cerca de la Antártida en 2010.
La corporación controlaba un lucrativo negocio mundial a través de un entramado de empresas pantalla desde la localidad de Ribeira, en el océano Atlántico.
En su defensa, el equipo legal de Vidal argumentó en el pasado que los barcos con banderas que no han suscrito convenios reguladores de pesca en el Antártico no están haciendo nada ilegal mientras se encuentren en aguas internacionales.
Las infracciones por la gestión y realización de actividades mercantiles y comerciales de los buques están fundamentadas en la abundante documentación obtenida por las autoridades durante una redada en varias sedes de la empresa en Galicia a mediados de marzo.
MADRID (AP)
