El estado de Connecticut no podrá realizar ejecuciones de reos condenados a muerte, luego que la Suprema Corte de Justicia estatal declaró inconstitucional dicha pena.
El fallo mayoritario del máximo órgano judicial estatal, en respuesta a la apelación de un reo hispano, dejó sin efecto una ley aprobada en 2012 que prohibió imponer la pena capital en nuevos casos criminales, pero permitió aplicar el castigo en casos anteriores.
Tras un proceso de revisión que se prolongó durante dos años, la corte declaró este jueves que la pena no concuerda más con los estándares contemporáneos de decencia y no sirve más un propósito legal de castigo penal.
El magistrado estatal Richard Palmer dijo que por esa razón las ejecuciones de aquellos acusados que cometieron delitos graves antes del 25 de abril fecha de promulgación de la ley- violaría la prohibición constitucional del estado contra el castigo cruel e inusual.
La apelación fue presentada por el hispano Eduardo Santiago, quién enfrentaba la posibilidad de ser sentenciado a muerte después de haber sido encontrado culpable de haber cometido un asesinato por contrato en el año 2000.
La decisión removerá del pabellón de la muerte a 11 convictos asesinos a quienes se les impuso la pena de muerte en fecha anterior a la ley en cuestión.
El gobernador Dannel P. Malloy dijo que el estado continuará buscando en el poder judicial la guía para responder a este fallo, pero dejó claro que el mismo no afectará las penas de prisión impuestas a estos condenados.
Hasta este jueves la pena de muerte se mantenía abolida en 18 de los 50 estados del país, además del Distrito de Columbia, y en diciembre pasado el gobernador saliente de Maryland, Martin OMalley, conmutó por cadena perpetua la pena de muerte para los últimos cuatro reos condenados en dicha entidad.
Excelsior
