Una jueza hondureña rechazó una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que permita comparecer ante ese organismo, con sede en Washington, al mexicano testigo del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, denunciaron este miércoles abogados de la defensa. La jueza Victoria Flores argumentó ante la CIDH que «no es obligatoria la comparecencia» de Gustavo Castro ante la Comisión, «que no está fundamentada la solicitud y que su presencia es necesaria» en Honduras para investigar el crimen, afirmó en rueda de prensa la abogada del testigo mexicano, Ivania Galeano.
Una copia de la solicitud enviada por la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana, Elizabeth Abi-Mershed, entregada a la AFP, explica que se ha convocado a Gustavo Castro «a fin de que participe en la reunión de trabajo programada para el 6 de abril» en Washington.
La CIDH «cumple en solicitar al gobierno de su excelencia que tome todas las medidas necesarias para facilitar la comparecencia de Castro a dicha reunión», subraya la nota. Edy Tábora, otro de los abogados de Castro, afirmó que su defendido «rindió varias declaraciones administrativa en el ministerio Público» y que «realizó tres reconocimientos administrativos fotográficos» que le llevaron para reconocer a los supuestos asesinos y «participó en la diligencia de la reconstrucción» del crimen.
Sin embargo, las autoridades judiciales hondureñas se han negado a liberar al testigo mexicano, pese a que también han sido interpuestos varios recursos en su favor. Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo por desconocidos que entraron a su casa en la ciudad de La Esperanza, oeste.
En el mismo acto, los atacantes hirieron a Castro quien fue requerido por las autoridades judiciales hondureñas como «testigo protegido» y le ordenaron permanecer por 30 días en Honduras desde el 7 del mismo mes. La CIDH dictó medidas cautelares a Castro y a la familia de Cáceres que ha pedido la liberación del mexicano debido al temor de que las autoridades hondureñas pretendan incriminarlo para exonerar a los verdaderos culpables.
La familia de la ambientalista y el Copinh solicitaron al gobierno investigar a una compañía que construye una represa en el oriente de Honduras, así como a autoridades militares, policiales y de la Fiscalía a quienes acusan de estar coludidos con dicha empresa.
La compañía construye una central hidroeléctrica en la zona, al que se oponía Cáceres por estar dentro del territorio indígena lenca, comunidad a la que pertenecía la dirigente popular y ambientalista hondureña.
