Las cárceles mexicanas se encuentran sobrepobladas, algunas incluso hacinadas, con problemas de clasificación de presos y, en decenas de centros locales y estatales, también con problemas de autogobierno por parte de los internos, denunció este martes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un informe.
En total, hay 71 penales estatales con sobrepoblación y 6 centros federales, entre ellos la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano donde se encuentra recluido el capo Joaquín «El Chapo» Guzmán y hay 1.018 presos aunque sólo haya capacidad para 836, según el informe del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015.
El informe se hizo en base a la revisión de 21 centros federales, tres prisiones militares y 130 penales estatales, todos con problemas parecidos.
En 95 de los estatales, la CNDH detectó falta de personal de custodia, y en 104 deficiencias de clasificación entre procesados y sentenciados.
El texto no da cifras de la población total de presos pero, en octubre pasado, la misma CNDH presentó un estudio que alertaba del grave hacinamiento carcelario en el país y que estimaba que la sobrepoblación en todo el sistema está en torno a 25,4% con 254.705 internos en una capacidad de 203.084 personas.
«Un centro sobrepoblado, de inicio, pierde su esquema de seguridad porque se ve vulnerado, se da de la mano el hacinamiento o una mala clasificación» que hace que delincuentes comunes cohabiten con criminales de alta peligrosidad, dijo al presentar el informe Ruth Villanueva, tercera visitadora de la CNDH.
Parte de la sobrepoblación ocurre debido en parte a que, según se estima, un 40% de los reos en el país no han recibido sentencia, algo que la CNDH espera que cambie con la próxima implementación de un nuevo sistema de justicia penal.
En una escala de 1 a 10, los centros estatales recibieron una calificación de 6,21, los federales un 7,36 y los militares un 7,93.
Fuga de «El Chapo» y motín en Topo Chico
El Ombudsman, Luis Raúl González, dijo que la fuga de «El Chapo» de El Altiplano en julio de 2015 o el brutal motín en el penal estatal de Topo Chico en febrero, en Monterrey (norte), que acabó con 49 muertos, «han puesto en evidencia las vulnerabilidades y fallas de nuestro sistema penitenciario».
«No debemos esperar a que ocurran hechos graves dentro un centro penitenciario para voltear a ver la problemática existente en ese ámbito e implementar acciones que en la mayoría de los casos son de carácter paliativo», manifestó González en una rueda de prensa.
El Ombudsman remarcó que la riña de Topo Chico, la más mortífera que se haya vivido en penales mexicanos en décadas, evidenció los privilegios y el autogobierno que ejercen los presos en el lugar de las autoridades, después de que ahí se llegaran a encontrar lujosas celdas con sauna, aire acondicionado y cómodas camas.
La comisión detectó que en 71 prisiones del país los presos son quienes imponen la ley, ninguna de ellas federales y la mayoría locales.
«Esto empieza desde la posesión de objetos que son inadecuados, que no están permitidos, desde los celulares, televisiones, armas. No pueden estar invisibles (…) y se contó con una autorización para que esto pasara» e incluye también que haya presos que usen para ellos una o dos celdas mientras 30 internos están presos en espacio para cuatro, denunció Villanueva.
A raíz de la fuga de «El Chapo«, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a reformar el sistema carcelario aunque expertos creen que su promesa quedó en entredicho.
