Una fiscalía especializada en delitos de delincuencia organizada llevaba más de 16 horas continuas dentro de la casa matriz de la cuestionada firma Mossack Fonseca en busca de evidencias sobre posibles actos de blanqueo de capitales u otras prácticas oscuras del bufete en las millares de sociedades fachada que creó en paraísos fiscales en ultramar.
La Procuraduría General informó escuetamente el miércoles que la inspección sigue bajo las órdenes del fiscal Javier Caraballo y que se sustenta en las leyes procesales y penales.
El allanamiento de la sede principal del despacho forense se dio la tarde del martes, diez días después de que se publicara la investigación global de los llamados «Papeles de Panamá«, una cascada de documentos filtrados a la firma que arrojaron luz sobre cómo personalidades ricas y poderosas utilizó empresas de papel para ocultar fortunas en plazas con ventajas fiscales en ultramar.
Agentes de la policía nacional y periodistas nacionales y del extranjero han permanecido en las afueras del inmueble que alberga el despacho desde que arrancó la diligencia.
Algunos juristas renombrados del país cuestionaron a la Procuraduría General al considerar que demoró en ordenar el allanamiento del bufete, cuyas filtraciones han golpeado duramente a la imagen del país y a su vieja actividad de servicios legales y financieros.
El gobierno del presidente Juan Carlos Varela busca reparar los daños y revertir por la vía diplomática la decisión del gobierno francés de reincorporar a Panamá a una lista de naciones no cooperantes en el intercambio de información fiscal después de conocerse las masivas filtraciones.
El despacho Mossack Fonseca aseguró la noche del martes que colabora en la investigación y reiteró que el único delito cometido tiene que ver con el ataque informático del que fue blanco la firma.
