La Procuradora General de Guatemala, María Eugenia Villagrán, renunció este martes al cargo y anunció que se exiliará debido a amenazas de muerte por casos que ha tenido a su cargo.
Uno de los casos que ha tenido a su cargo la procuradora tiene que ver con los escándalos de corrupción del encarcelado expresidente Otto Pérez. «Me tendré que ir al exilio porque recibí amenazas, no fueron directamente hacia mi persona sino a través de asesores de mi confianza.
Me voy (del país) por estas amenazas», afirmó Villagrán a la radioemisora local Sonora, sin mencionar dónde buscaría asilo. «Hay preocupación por el tema de mi integridad física y la de mi familia por todos estos casos de alto impacto que promovieron y que lógicamente han tocado intereses oscuros, intereses económicos», agregó.
De acuerdo con Villagrán, el presidente Jimmy Morales giró instrucciones para aumentar su seguridad, pero «lamentablemente al día de hoy no la he recibido». Villagrán, quien asumió el cargo en diciembre de 2014, solicitó a Morales declarar lesivo un millonario contrato de usufructo considerado fraudulento entre la Empresa Portuaria Quetzal y la firma española Terminal de Contenedores Barcelona, en el Pacífico.
Según la investigación de la Fiscalía, la negociación de ese contrato anómalo fue encabezada por el expresidente Pérez y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, también en prisión.
La Fiscalía ha señalado que se distribuyeron unos 30 millones de dólares en comisiones entre funcionarios guatemaltecos e intermediarios extranjeros para la firma del contrato.
Villagrán aseguró que las intimidaciones pueden tener origen en su actuación en el cargo como abogada del Estado. En su momento le «tuve que solicitar al expresidente Otto Pérez que renunciara al cargo por los casos de corrupción que pesaban en contra de él, de la ex vicepresidenta Baldetti y otros funcionarios» de ese gobierno, recordó Villagrán.
«Quedan pendientes casos de trascendencia, en los cuales la Procuraduría se pronunció sobre actos e ilegalidades de la administración pública del gobierno del expresidente Pérez y que aún siguen en investigación», aseveró. Asimismo, comentó que durante su gestión presentó más de 20 denuncias penales y dictámenes de ilegalidad en varios contratos de la administración de Pérez.
Pérez y Baldetti renunciaron al cargo en 2015 en medio de una ola de indignación popular luego de que en abril de ese año la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad revelaron la existencia de una estructura de defraudación fiscal en la aduanas, supuestamente encabezada por los exgobernantes.
