El Salvador logró una reducción significativa de los homicidios tras dos meses de lucha frontal de la policía y el ejército contra las pandillas, aunque analistas advierten que la ofensiva debe ser continua para desarticular las bandas.
Con la entrada en vigencia de medidas extraordinarias adoptadas por el gobierno, el número de homicidios descendió en mayo a 353, cifra idéntica a la de abril, mientras que en marzo se registraron 611, 664 en febrero y 740 en enero, informó el Instituto de Medicina Legal.
A pesar de la reducción de muertes en los últimos dos meses, el balance de lo que va de 2016 es de 2.721 muertes violentas, cifra que supera las 2.188 de igual período de 2015.
«Con la puesta en marcha de las medidas extraordinarias se ha logrado disminuir la incidencia delictiva en más de un 50%», afirmó el jueves el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez.
Las medidas extraordinarias incluyen una declaratoria de emergencia que prohíbe visitas a siete centros penales donde están recluidos pandilleros, junto al despliegue de la Fuerza Especializada de Reacción (FES) y de la Fuerza de Intervención y Reacción Territorial (FIRT) que acompañan a la Policía Nacional Civil.
«Para lograr mantener la seguridad y los resultados positivos se debe continuar con el control en los centros penitenciarios», sostuvo Ramírez quien realiza constantes inspecciones para determinar si las empresas telefónicas mantienen con baja potencia sus antenas inmediatas a las cárceles.
«Es el primer plan de seguridad que está funcionando para bajar el número de homicidios y las extorsiones, pero el actual esquema de éxito va a depender de continuar una ofensiva táctica sostenible en el tiempo», declaró a la AFP el analista y profesor universitario, Juan Ramón Medrano.
Para Medrano el actual plan «no debe dar tregua» y la tarea es lograr desarticular la dirección y los mandos intermedios de las pandillas y restablecer el control territorial de las autoridades para evitar que puedan reorganizarse.
Más allá de las operaciones represivas en el terreno, el director de la Policía Howard Cotto, advierte que el reto que impone el futuro «es la participación ciudadana tanto en tareas de prevención como en la denuncia de los hechos».
– Remilitarización de seguridad –
La eficacia en el combate de la criminalidad se debe en parte a que la Fuerza Armada puso a miles de sus efectivos en las calles para apoyar a la Policía en la tarea de desarticular a las pandillas que tienen 70.000 miembros, de los cuales unos 13.000 están encarcelados.
«Lo que se produjo es una remilitarización de la seguridad pública, porque tenemos una fuerte presencia de la Fuerza Armada», declaró a la AFP el analista Roberto Cañas.
Ante los constantes operativos y la presencia sostenida de la policía y del ejército en algunas comunidades, las pandillas «están mutando» y se han desplazado a zonas rurales, advirtió Cañas.
Los operaciones desarrolladas por la policía y la fiscalía han provocado la muerte de pandilleros que caen en enfrentamientos, mientras decenas de mareros son detenidos acusados de diferentes delitos.
Para la directora del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), Jannet Aguilar, las pandillas «están neutralizadas», pero sin desaparecer de las comunidades.
«Las pandillas están en un período de repliegue, pero la historia reciente ha demostrado que luego se recomponen para evadir la aplicación de la ley, para seguir desarrollando la economía ilegal de la que viven», resume Aguilar.
– Elevado costo de la violencia –
Ante la falta de recursos para financiar las medidas extraordinarias de seguridad, la Asamblea Legislativa (congreso) aprobó a fines de mayo una emisión de bonos por 152 millones de dólares, de los cuales 43,7 millones serían destinados a la policía, 43,5 millones a centros penales y 37,3 millones a la fuerza armada.
Para financiar su plan de seguridad «El Salvador seguro», el gobierno requiere de 2.100 millones de dólares en un período de cinco años.
Un reciente estudio del Banco Central de Reserva (BCR) estimó que el costo económico de la violencia para el gobierno, hogares y empresas salvadoreñas en 2014 fue 4.026,3 millones de dólares, equivalente al 16,0% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.
