Los cadáveres de cuatro hombres decapitados y mutilados fueron encontrados este miércoles por agentes policiales en Iguala, en el estado de Guerrero, sur de México, donde desaparecieron 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa en 2014, informó una fuente policiaca.
Las cabezas de los cuatro hombres -de entre 30 y 35 años- y sus cuerpos sin sus extremidades fueron encontrados en bolsas negras de plástico en una zona poblada del empobrecido Iguala, detalló a la AFP un mando de la policía estatal que pidió el anonimato, por no estar autorizado para hablar del tema.
Junto a los restos humanos, los policías también encontraron un mensaje de advertencia firmado por un presunto grupo de la delincuencia organizada autodenominado Gente Nueva, añadió la misma fuente.
Guerrero, uno de los estados más empobrecidos del país y punto clave para la siembra y tráfico de marihuana y goma de opio, es escenario de violentas disputas entre narcotraficantes que suelen enterrar a sus víctimas en fosas clandestinas.
En mayo, las autoridades hallaron restos óseos -aparentemente de una mujer y de tres hombres mayores de 20 años- en un solitario paraje de Iguala, despertando las expectativas de los desesperados padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Según la versión de la fiscalía general, los jóvenes fueron atacados el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos de Iguala, quienes los habrían entregado a miembros del cártel Guerreros Unidos. Los criminales los habrían asesinado e incinerado en un basurero del vecino poblado de Cocula, para luego arrojar los restos a un río.
Pero hasta ahora, los análisis genéticos practicados a restos óseos hallados en la zona sólo han identificado plenamente a un estudiante y a otro de manera preliminar.
En 2014 se hallaron otras fosas en la comunidad de Pueblo Viejo, también en Guerrero, donde se localizaron 28 cuerpos pero finalmente no correspondían a los jóvenes.
El caso de Ayotzinapa ha generado fuertes críticas al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y las investigaciones del caso han sido puestas fuertemente en duda por el grupo de expertos que envió a México la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
