Cientos de indígenas hondureños se concentraron este miércoles frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Tegucigalpa para reclamar la impugnación de la licencia ambiental otorgada a una hidroeléctrica sospechosa de ordenar el asesinato hace un año de la ambientalista Berta Cáceres.
"¡Berta vive, la lucha sigue!", gritaban unos 600 manifestantes, en su mayoría miembros de las comunidades indígenas, junto a organizaciones de obreros, campesinos, mujeres y derechos humanos.
El coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Tomás Gómez, dijo a la AFP que su institución presentó un recurso ante el CSJ para impugnar la licencia concedida por el Ministerio de Ambiente a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) para una hidroeléctrica en el río Gualcarque.
"La licencia ambiental se concedió violando el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo) porque no se hizo previamente una consulta libre e informada" a los pueblos autóctonos, explicó.
Gómez reemplazó a Cáceres, que fue asesinada la madrugada del 3 de marzo de 2016 –un día antes de cumplir 45 años– en la comunidad occidental de La Esperanza por pistoleros que entraron a su casa.
La dirigente de los negros garífunas, Miriam Miranda, contó a la AFP durante la manifestación que los grupos étnicos demandan "el castigo para los autores intelectuales" del asesinato, porque solo han capturado a los autores materiales.
"Pueden capturar a cien autores materiales pero, mientras no capturen a los autores intelectuales de la empresa y de los bancos que financian al proyecto, seguiremos protestando", advirtió Miranda.
Ocho acusados del asesinato de la ambientalista están detenidos, entre ellos un empleado de DESA.
Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que acusó a DESA de amenazarla de muerte por su oposición a la construcción de una represa hidroléctrica en territorio indígena.
