Las mujeres integrantes de grupos delictivos en Latinoamérica, como las guerrillas en Colombia o las maras en El Salvador, quedan desprotegidas ante la violencia, ya que las leyes contra los feminicidios no contemplan los riesgos específicos de este colectivo, según señalan expertos.
Así lo aseguran a Efe la activista Silvia Juárez y el abogado David Márquez, que han participado en la redacción de las leyes contra feminicidios de Salvador y Colombia respectivamente, y que han participado en Madrid en un foro sobre esta materia.
La salvadoreña Silvia Juárez apunta a la ausencia de estudios oficiales sobre la vida de las mujeres en las maras salvadoreñas, como uno de los principales factores que impide medidas específicas para su protección.
"Cuando una mujer decide abandonar la pandilla está firmando su pena de muerte", afirma Juárez, miembro de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), para quien el desplazamiento es la única posibilidad que tienen estas mujeres para seguir con vida.
En esto coincide David Márquez, quien asegura que, aunque la mayor parte de los casos de violencia contra la mujer se producen en el entorno de la pareja, en el conflicto armado de su país "han muerto el mismo número de mujeres que de hombres".
"La mujer es la más afectada en el conflicto armado de Colombia, con el agravante de que muchas se veían obligadas a abortar, sin embargo, el Estado no ha establecido medidas diferenciadas ante esta violencia", detalla.
Ante esta situación, tanto Colombia como El Salvador aprobaron sendas leyes contra los feminicidios que buscan, entre otras cuestiones, tipificar este tipo de delitos, dar visibilidad a la situación que viven las mujeres de la región e incrementar las penas.
En el caso de El Salvador, la ley lleva en activo cinco años y aunque sólo se ha condenado a cerca de 200 hombres, se han incrementado las denuncias de prácticas menos evidentes, como el acoso en la calle o en el entorno laboral.
"Llevamos 5.000 muertes violentas de mujeres y ni siquiera 200 condenas", lamenta Juárez, quien argumenta que para su asociación "toda muerte violenta de una mujer es un feminicidio", algo que no refleja la ley.
En el caso de Colombia, cuya ley contra los feminicidios lleva vigente dos años, Márquez cree que este periodo ha arrojado datos sobre la sociedad colombiana, como que, por ejemplo, en la mayor parte de las sentencias, el hombre quitó la vida a la mujer porque esta quería terminar con la relación sentimental.
"Todavía no se puede saber si la ley es efectiva, pero sí se ha producido un empoderamiento de la mujer frente a la justicia", explica el abogado colombiano, quien lamenta que todavía muchas mujeres, independientemente de su nivel educativo o clase social, siguen sintiendo miedo a denunciar a sus agresores.
"Que las mujeres no denuncien tiene que ver con la poca sensibilidad de los servidores públicos para tratar estos temas, hay muchos prejuicios y estigmatización contra las mujeres que reciben violencia", concluye su colega salvadoreña. EFE
