Bangkok, 4 abr (EFE).- La organización garante de los derechos humanos Fortify Rights reclamó hoy al Gobierno de Malasia investigar centenares de muertes ocurridas en centros de inmigración y reabrir las pesquisas sobre las denuncias de tráfico humano de birmanos de la minoría musulmana rohinyá en su país.
De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos de Malasia publicado este martes, 118 extranjeros perecieron en los centros de inmigración malasios entre 2015 y 2016.
Fortify Rights denunció en un comunicado las malas condiciones de estos recintos tras entrevistas a varios antiguos reclusos y reclamó una respuesta del Ejecutivo.
"Una sola muerte bajo custodia de inmigración es inaceptable. Más de 100 muertes es completamente inexcusable", señaló Amy Smith, directora de la ONG, en un comunicado.
Según el documento oficial, la mayoría de los decesos se produjeron por infecciones bacterianas y problemas pulmonares y cardiacos que los presos acarreaban antes de ingresar en los recintos.
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En medio centenar de casos las autoridades no especifican la causa de la muerte, por lo que Fortify Rights instó a la apertura "sin demora" de una investigación para llevar ante la justicia a los posibles responsables.
"Estas muertes no pueden ser escondidas debajo de la alfombra", defendió Smith al acusar a guardas de propinar palizas a personas recluidas.
Celdas atestadas de gente, escasa comida, deficiente atención médica o el inadecuado acceso a agua potable son parte de los problemas sanitarios que apunta Fortify Rights.
Esta ONG también reclama la reapertura de la investigación por delitos de tráfico humano de miles de musulmanes birmanos de la minoría rohinyá, después de que en 2013 se encontraran cientos de fosas en decenas de campamentos de traficantes de personas en el norte de Malasia.
"Hay que tomar medidas urgentes para poner fin a la impunidad de los traficantes de seres humanos y garantizar la protección de los supervivientes", sentenció Smith, al tildar de "poco convincente" la falta de detención de funcionarios gubernamentales relacionados con las acusaciones.
Más de un millón de rohinyás viven en el estado birmano de Rakáin (oeste), donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria en 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 miembros de esta minoría confinados en 67 campos de desplazados.
Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyás, les tratan como inmigrantes bengalíes y les imponen múltiples restricciones, incluida la de movimientos.
Bangladesh también los considera extranjeros.
