Las autoridades colombianas buscan responsables por la avalancha que dejó este mes más de 300 muertos en el sur del país e investigarán si se desoyeron las repetidas advertencias sobre la posibilidad de la tragedia.
Las actividades del alcalde de Mocoa —la ciudad afectada por el alud— y directores de autoridades ambientales y de gestión de riesgo entre 2012 y 2017 serán analizadas por la Procuraduría General de la Nación, ente encargado de fiscalizar a los organismos públicos.
"El Ministerio Público busca determinar quiénes fueron los responsables de las presuntas irregularidades en las que, por acción o por omisión, pudieron haber incurrido al no adoptar las medidas tendientes a mitigar la catástrofe ocurrida el 1 de abril", dijo este martes el organismo en un comunicado.
La tragedia tomó desprevenidos a los habitantes mientras dormían, pero sorprendió a pocos. No sólo había rumores en la ciudad, sino que estudios y advertencias de instituciones oficiales, expertos en uso de suelos y organizaciones ambientales advirtieron desde 1989 sobre la posibilidad de una avalancha sobre la ciudad construida en un valle, rodeada y atravesada por ríos.
Esta investigación preliminar se suma a la de la Fiscalía, que también inició entrevistas con el alcalde de Mocoa y la gobernadora del departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador y donde se encuentra la ciudad.
El último balance cifra en 323 los muertos por el alud de barro y lodo que sepultó varios barrios de esa localidad de 42.000 habitantes.
