El gobierno australiano y sus contratistas han ofrecido una indemnización de millones de dólares estadunidenses a los refugiados detenidos en Papúa Nueva Guinea, que presentaron una demanda colectiva contra las autoridades.
Los abogados de los detenidos han llegado a un acuerdo condicional con el gobierno australiano y los operadores del Centro de Procesamiento Regional de Manus Island.
Los mil 905 demandantes habían alegado que sufrieron daños durante su detención en la isla de Manus de Papúa Nueva Guinea entre 2012 y 2016.
El gobierno siempre "negó rotundamente" las acusaciones, pero en su argumentación las autoridades indicaron que fue una decisión "prudente".
El principal abogado Andrew Baker dijo que el acuerdo era un paso importante hacia el reconocimiento de las condiciones extremadamente hostiles que los detenidos sufrieron en la isla de Manus.
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La mayoría llega huyendo de la persecución religiosa y la violencia en busca de protección, pero en lugar de considerar sus casos en tierra, el gobierno australiano los envía a la isla de Manus indefinidamente.
Australia ha endurecido las reglas en torno a la inmigración indocumentada, y por eso da la espalda a los refugiados y solicitantes de asilo que llegan en barco y los envía a Papúa Nueva Guinea y Nauru.
La estrictas leyes migratorias de Australia establecen que los inmigrantes sean interceptados en el mar deben ser enviados a los campamentos ubicados en el Pacífico sur -el de Manús y el de Nauru- sin que puedan alcanzar suelo autraliano.
Esta medida tiene la intención de disuadir a los inmigrantes de intentar viajar en embarcaciones improvisadas que ponen en riego su vida, pero esa política ha sido muy criticada tanto en el país como a nivel internacional, incluyendo Naciones Unidas.
El caso Manus, como se la ha llamado, debió de ser escuchado en el Tribunal Supremo de Victoria, sin embargo, poco antes de que comenzara el juicio, los abogados de los demandantes dijeron que el gobierno y sus proveedores habían ofrecido un acuerdo de último minuto.
Los detalles completos de la indemnización y un paquete financiero aún no se han aprobado plenamente por el tribunal.
A pesar de los millones de dólares que ha costado, y los titulares críticos que ha generado, el gobierno australiano no modificará su política de envío de los solicitantes de asilo en alta mar.
