El presidente Rodrigo Duterte solicitó al Parlamento extender la ley marcial vigente en el sur de Filipinas para seguir buscando recuperar el control de la ciudad caída en manos de yihadistas alineados con el grupo Estado Islámico.
Duterte impuso el régimen legal militar el 23 de mayo por un plazo inicial de 60 días en la región de Mindanao habitada por 20 millones de personas, cuando hombres armados enarbolando la bandera negra del grupo EI ocuparon la ciudad de Marawi, desencadenando combates que ya costaron la vida de 500 personas y desplazaron a casi medio millón.
Duterte pidió a los legisladores extender la ley antes de que caduque el próximo sábado, indicó su portavoz, Ernesto Abella.
La Constitución filipina permite al presidente imponer la ley marcial por un plazo de hasta 60 días y recurrir "a las Fuerzas Armadas para prevenir violencia ilegal, una invasión o una rebelión".
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Más allá de los dos meses, el presidente puede extender el régimen de excepción "por un período a ser determinado por el Congreso".
Los aliados de Duterte dominan el Parlamento y según el presidente de la cámara baja, Pantaleón Álvarez, los legisladores avalarán sin oponer obstáculos la solicitud del mandatario.
A principios de mes, parlamentarios de la oposición habían reclamado sin éxito a la Corte Suprema rechazar la ley marcial debido a la "ausencia completa de justificaciones" para su establecimiento, presentando paralelismos con el gobierno militar del exdictador Ferdinand Marcos.
El ejército filipino, respaldado por unidades de artillería y la aviación militar, así como por soldados estadounidenses intenta retomar el control de la situación.
La ley marcial permite a las fuerzas de seguridad arrestar a sospechosos durante tres días sin intervención de la justicia.
Decenas de personas fueron detenidas bajo este régimen por sus vínculos con los yihadistas de Marawi.
La Constitución de 1987 impone límites a la instauración de la ley marcial para evitar abusos similares a los de la dictadura de Marcos y ofrece a la Corte Suprema la posibilidad de evaluar su justificación.
