Autoridades hondureñas reubicaron este lunes en otras zonas del país a cientos de reos de la cárcel de San Pedro Sula, donde en 2004 murieron en un incendio 107 miembros de la pandilla Barrio 18, antes del cierre de esa prisión en octubre.
Unos 668 reos eran transportados en una masiva operación, en la que participan contingentes militares y policiales, desde la segunda ciudad de Honduras, situada 180 km al norte de la capital, dijo a medios locales el portavoz de la policía, Daniel Merino.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP), indicó a su vez en un comunicado, sin detallar la cifra, que el "traslado es para seguir con el descongestionamiento del Centro Penal Sampedrano", que "será cerrado en octubre porque sus instalaciones no cumplen con las normas para una correcta encarcelación".
Así fue el masivo traslado a más de 600 reos de baja peligrosidad del centro penal de SPS, a otras cárceles del país. pic.twitter.com/WWe82eMC8H
— CHTV Honduras (@CHTVHN) September 18, 2017
El pasado 15 de marzo fueron trasladados de esa prisión los primeros 755 presos, la mayoría integrantes de las temidas pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), a una cárcel de máxima seguridad conocida como 'El Pozo I' en Ilama, departamento de Santa Bárbara, unos 200 km al noroeste de la capital.
El Centro Penal Sampedrano fue construido hace más de 60 años para unos 800 presos pero llegó a albergar más de 2.000.
La prisión, que queda en una parte céntrica de la ciudad, fue escenario de frecuentes incidentes. El peor fue el 17 de mayo de 2004, cuando murieron en un incendio 107 reos de la pandilla Barrio 18. Ese siniestro fue atribuido a una falla en el sistema eléctrico, aunque algunos sobrevivientes acusaron a los guardias de seguridad de haberles disparado.
Pero la peor tragedia en las cárceles hondureñas ocurrió el 15 de febrero de 2012 cuando murieron 362 personas en otro incendio en la cárcel de Comayagua, 50 km al norte de la capital.
El gobierno construyó desde 2014 tres prisiones y habilitó espacios en sedes militares y policiales para descongestionar las 24 cárceles del país, consideradas "academias del crimen" y "bombas tiempo".
