México, 2 oct (EFE).- El Gobierno mexicano comenzó hoy a repartir los apoyos para que los afectados por los sismos que golpearon el centro y sur del país en septiembre comiencen la reconstrucción, y reiteró que cuenta con un "blindaje financiero" para enfrentar catástrofes naturales de este tipo.
La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio, dijo hoy en un encuentro con la prensa que se han comenzado a repartir en los estados de Oaxaca y Chiapas, los más afectados por el terremoto del 7 de septiembre, de magnitud 8,2, tarjetas para que los damnificados puedan acceder a los fondos.
Estas tarjetas, que estarán destinadas en su mayor parte a "casas que se destruyeron casi en su totalidad", se conceden a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y también beneficiarán a los otros estados afectados en los sismos del 19 y 23 de septiembre, aunque no se repartirán en la Ciudad de México.
La subsecretaria destacó que los beneficios no excluirán a aquellas personas que sean trabajadores informales -los cuales suponen el 57,2 % de la población ocupada, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)-, porque para su reparto se empleará el padrón de daños a viviendas realizado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Una tarjeta proporcionará recursos para la compra de materiales y otros insumos para la construcción, y "se podrá hacer líquida, sacar el efectivo", mientras que la otra únicamente servirá para la compra de materiales, explicó Rubio.
Para aquellas personas que perdieron su vivienda en la totalidad, el monto es de "hasta 90.000 pesos (4.937 dólares) de recursos para la compra de materiales, para la autoconstrucción de vivienda".
Rubio defendió que "México es de los países mejor preparados en lo que a blindaje financiero se refiere para enfrentar catástrofes naturales", como huracanes y los mencionados sismos, los cuales han dejado durante en septiembre un total de 465 víctimas mortales.
Esto ayudará en una reparación que, según cálculos iniciales presentados por el presidente Enrique Peña Nieto, superarán los 38.000 millones de pesos (unos 2.090 millones de dólares).
