Manila, 12 oct (EFE).- La Policía Nacional de Filipinas suspendió hoy sus operaciones de la polémica "guerra contra las drogas" después de que el presidente del país, Rodrigo Duterte, pusiera la campaña en manos de la Agencia Antidroga (PDEA).
"Hemos delegado nuestra tarea a la PDEA. Buscaremos otras cosas en las que trabajar, pero no drogas por ahora", declaró el director de la Policía Nacional, Ronald Dela Rosa, en una rueda de prensa televisada.
Así, se han cancelado hasta nuevo aviso los programas Oplan Tokhang y Oplan Double Barrel Reloaded, consistentes en llevar a cabo redadas en casa de sospechosos y arrestarlos o disparar a matar en caso de que se resistan.
Más de 3.900 sospechosos han sido abatidos de esta forma por la Policía desde que Duterte declarara la "guerra contra las drogas" al llegar al poder en junio del año pasado, aunque el número total de muertos se estima superior a 7.000 al sumar los homicidios atribuidos a particulares y patrullas vecinales.
Desde ahora las funciones del departamento de la Policía Nacional encargado de la lucha contra el narcotráfico se limitarán a la recopilación y divulgación de inteligencia, según el director del cuerpo.
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Esto ocurre a raíz de que Duterte ordenara a través de un memorando a todas las entidades del Gobierno que reserven a la PDEA, como única agencia, "el manejo de todas las campañas y operaciones contra quienes, directa o indirectamente, estén involucrados o relacionados con drogas ilegales".
El documento exige tanto a la Policía como al Buró Nacional de Investigación (NBI) y otras agencias estatales entregar "toda la información y los datos" de la lucha contra las drogas a la Agencia Antidroga para que ésta "tome las acciones apropiadas".
La policía también emprenderá una "limpieza" interna, según Dela Rosa, para limpiar sus filas de corrupción tras varios escándalos que han salpicado la imagen del cuerpo y de la campaña.
La muerte de tres jóvenes y otras irregularidades en la "guerra contra las drogas" en los últimos meses causaron malestar en la sociedad filipina, lo que se tradujo en la mayor manifestación contra Duterte hasta la fecha y en una caída del apoyo popular al presidente del 78 por ciento en junio al 67 en septiembre.
Además, el miércoles un grupo de abogados de tendencia progresista presentó una petición al Tribunal Supremo de Justicia del país para que detenga la campaña antidroga al considerarla inconstitucional.
El pasado febrero, tras un primer escándalo de corrupción, Duterte ya apartó a la Policía de la campaña y suspendió las operaciones durante un mes, aunque en marzo las reanudó al asegurar que las drogas y el crimen habían experimentado un repunte.
