CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un tribunal guatemalteco condenó el miércoles a 30 años de prisión a un hombre acusado de asesinar a dos periodistas en el sur del país en marzo de 2015.
Según la justicia, Sergio Valdemar Cardona mató a Danilo Efraín Zapón López y a Federico Benjamín Salazar Gerónimo cuando caminaban a plena luz del día por un parque ubicado a pocos metros de una estación policial en el municipio de Mazatenango, del departamento de Suchitepéquez, a unos 140 kilómetros al sur de la capital. La fiscalía precisó que Cardona conducía una motocicleta donde también viajaba Eduardo Ariel Mazariegos Ramírez, actualmente prófugo, quien disparó contra los periodistas.
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Zapón López era corresponsal del periódico Prensa Libre, mientras que Salazar Gerónimo era colaborador de Radio Nuevo Mundo.
En enero de 2017, la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron una solicitud para retirar la inmunidad al diputado oficialista Julio Antonio Juárez Ramírez por el delito de asesinato por ser el presunto autor intelectual de estas muertes. La Corte Suprema de Justicia, que tiene a su cargo la decisión, aún no se ha pronunciado sobre la solicitud. Dos personas más están detenidas a la espera de saber si irán a juicio por los crímenes.
Según la fiscalía y CICIG, Juárez habría contratado a sicarios a quienes ordenó la muerte de Zapón López, quien a través de su trabajo habría puesto en riesgo sus intenciones de participar como candidato a ocupar una diputación nacional.
En el hecho también resultó herido el periodista Marvin Israel Túnchez Ayala.
En contexto
El Salvador invirtió 41,3 millones de dólares entre enero y septiembre pasados en los cuerpos de seguridad, cárceles y Fiscalía, fuera de su presupuesto anual, para sostener una ofensiva contra las pandillas iniciada en 2016, informó hoy el Gobierno.
Los fondos previenen de un impuesto especial para la seguridad del 5 % aplicado a las telecomunicaciones y a las ganancias empresariales superiores a 500.000 dólares, aprobado en 2015 y vigente desde 2016, indicó la fuente.
El Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén señaló que en estos 9 meses el Congreso autorizó el uso de más de 93,5 millones de dólares obtenidos mediante el tributo y de los que más del 44 % fueron utilizados para "control y persecución penal".
