París, 24 oct (EFE).- Una misión oficial encargada por el Gobierno francés reconoce que es posible que en la acción policial contra los inmigrantes que se concentran en la región de Calais y Dunkerque, con intención de pasar irregularmente al Reino Unido, se hayan cometido abusos en el uso de la fuerza.
Los autores de la misión que realizó la Inspección General de la Administración (IGA) y los organismos equivalentes de la Policía Nacional y de la Gendarmería, en el informe puesto en línea anoche, admiten que son «plausibles» las «faltas a la doctrina de empleo de la fuerza y a la deontología policial».
En concreto, esas infracciones se refieren a «violencias, un uso desproporcionado de aerosoles lacrimógenos, la destrucción de bienes de los inmigrantes así como no respetar la obligación» de llevar la matrícula que los identifica en tanto que agentes de las fuerzas del orden.
Esas conclusiones derivan de «la acumulación de testimonios escrito y orales», indicaron los órganos de control de la administración, que sin embargo puntualizaron que todo eso no se pueden considerar «pruebas formales».
El trabajo publicado ahora fue un encargo en julio pasado del ministro del Interior, Gérard Collomb, después de una decisión del Defensor de los Derechos y de un informe de Human Rights Watch, que reprochaban un uso excesivo de la fuerza contra los miles de inmigrantes que había en esa región del norte de Francia, frente a las costas de Inglaterra.
Se da a conocer precisamente un año después del desmantelamiento del campamento de inmigrantes de las afueras de Calais conocido como «la jungla» en el que había en ese momento unas 7.000 personas.
El Ministerio del Interior se esforzó, en un comunicado en hacer notar que «ningún elemento del informe permite aportar pruebas de las alegaciones más graves formuladas por Human Rights Watch».
Además, añadió que los abusos «plausibles» que señalan sus autores no se sustentan en pruebas y no permiten «cuestionar de forma establecida y cierta la acción de las fuerzas que intervinieron».
