En el Reino Unido, el caso de los hermanos Asher y Lewis Johnson ha provocado conmoción luego de que ambos fueron condenados por un asesinato perpetrado por otra persona y a pesar de que, como muestran videos de circuito cerrado de televisión, no estuvieron en la escena del crimen.
Así lo denunció su madre, Gillian Hyatt, quien asegura que continuará su lucha para hacer justicia a sus hijos. Los hechos tuvieron lugar en el este de Londres en noviembre de 2012.
Los hermanos fueron sentenciados a un mínimo de 16 años y medio por el homicidio de Thomas Cudjoe, quien en ese entonces tenía 29 años. El dictamen se produjo bajo la controvertida ley de ‘empresa conjunta‘.
Esta legislación establece que la persona que participe o fomente un delito puede ser considerada tan legalmente responsable como aquella que lo comete. Tan sólo se requiere que la primera de ellas pueda «prever» que alguien más podría sentirse incitado a llevarlo a cabo y causar daños graves a un tercero de manera intencionada.
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El punto es que los hermanos Johnson nunca tocaron siquiera el arma homicida y se retiraron antes de que tuviera lugar el crimen. Según las investigaciones, fue otra persona, Jerome Green, quien apuñaló a Cudjoe hasta la muerte.
«Uno no sabe qué tan injusto es el sistema de justicia hasta que te ves involucrado. No entiendo cómo es que los encontraron culpables. No tiene sentido», declaró a RT la madre de los jóvenes.
La noche del crimen, los hermanos Johnson tuvieron un altercado con Cudjoe a las afueras de un pub. Al ver que más y más gente llegaba al lugar, ellos se retiraron para evitar problemas, aseguran sus abogados.
En imágenes de circuito cerrado de televisión, presentadas en la audiencia, se ve a los hermanos abandonar el sitio antes de que Green llegara y apuñalara a Cudjoe.
No obstante, los tres fueron acusados de asesinato bajo la mencionada ley de ‘empresa conjunta’.
La Suprema Corte británica dictaminó el año pasado que esa ley ha sido malinterpretada durante 30 años y tomó un rumbo equivocado en la década de 1980. El alto tribunal estableció que es incorrecto considerar la «previsión» de consecuencias como prueba suficiente para condenar a un acusado y que los jurados deben decidir con base en la «totalidad de las pruebas».
