Tegucigalpa, 20 nov (EFE).- Las autoridades hondureñas arrestaron hoy a un policía y a un exagente policial que fueron asignados a la investigación del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, en marzo de 2016, acusados de aportar pruebas falsas para desviar las pesquisas, y un juez les decretó detención judicial.
Se trata del investigador Juan Carlos Cruz y el expolicía Miguel Arcángel Rosales Izcano, quienes son acusados por el delito de "Inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente en perjuicio de la Administración Pública", indicó el Ministerio Público en un comunicado.
"El delito por el cual se les acusa a Cruz y a Rosales Izcano está relacionado con las primeras pesquisas del asesinato de Cáceres, que fueron asignadas a los detenidos y que al final resultaron falsas", añadió.
De acuerdo a una investigación realizada por fiscales, los detenidos presentaron "pruebas falsas para tratar de desviar las investigaciones en torno al crimen de la líder ambientalista", precisó el Ministerio Público.
El organismo hondureño indicó que los detenidos fueron presentados este lunes ante las autoridades judiciales competentes y se les decretó "detención judicial" por presentar "testigo falso y grabación ficticia en investigaciones preliminares" sobre el asesinato de la ambientalista.
Cáceres, quien era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, y el único testigo es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien ese día era su huésped y resultó herido de bala aunque no de gravedad.
El Ministerio Público indicó que por este crimen han sido detenidas otras ocho personas, entre ellos Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energéticos (DESA), una compañía a la cual Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
Esas capturas fueron sustentadas mediante "prueba técnica científica al realizar los análisis y pericias respectivas al arma con la cual se supone le quitaron la vida a la líder ambientalista y que fue irrefutable para poder acusar a las ocho personas procesadas hasta este momento", añadió.
Un informe presentado a finales de octubre presentado por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE) responsabiliza de la muerte de Cáceres a ejecutivos de DESA, a la que la ambientalista se oponía.
