Pamplona (España), 22 nov (EFE).- El juicio por la supuesta violación en grupo de una mujer de 18 años en Pamplona en los Sanfermines de 2016 ha abierto en España una fuerte polémica social y jurídica sobre si las relaciones sexuales fueron consentidas o forzadas y sobre las pruebas aportadas por las partes.
Los acusados son cinco jóvenes de Sevilla denunciados por la presunta violación de una joven madrileña en la madrugada del 7 de julio del año pasado, y que hoy declararon ante el tribunal a puerta cerrada para garantizar la intimidad de la denunciante y de ellos mismos.
Los sospechosos, en prisión preventiva, se declararon inocentes desde un primer momento y sus defensas sostienen que las relaciones fueron consentidas y piden la absolución.
La Fiscalía, por el contrario, solicita 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno y una indemnización colectiva de 100.000 euros; la denunciante reclama 24 años; y las acusaciones populares del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno regional de Navarra, 25 años.
Tres de los sospechosos, que ya declararon hoy, se ratificaron en en que fueron relaciones consentidas, si bien uno reconoció que ese consentimiento no se produjo de palabra, según un abogado de la acusación.
El letrado Agustín Martínez Becerra, que los defiende, señaló a la prensa que hay otras formas de consentir, sin precisarlas.
Los policías que analizaron los vídeos de los hechos, grabados por los encausados, testificaron ayer que la chica no tuvo participación voluntaria y fue víctima de una "humillación", dijo el abogado de la mujer, Carlos Bacaicoa.
Las grabaciones son la prueba de cargo, según las acusaciones y, para las defensas, avalarían que las relaciones no fueron forzadas.
Los agentes declararon que la denunciante permaneció con "los ojos cerrados" y una actitud "pasiva o neutra", algo que no comparte un experto en lenguaje no verbal que elaboró otro informe por encargo de una de las defensas.
La joven, por su parte, había explicado que no opuso resistencia dada la superioridad numérica y física de los procesados, lo que le hizo entrar en shock y desear que todo terminara cuanto antes.
Psicólogas judiciales acreditaron que presentaba síntomas de estrés postraumático, según el abogado de la mujer, aunque una especialista de las defensas lo negó.
El informe del laboratorio de las muestras de ADN recogidas por la policía en el portal donde fue supuestamente violada confirmó que correspondían a los acusados.
Y el de los médicos forenses sostiene que las lesiones que presentaba eran compatibles con el relato de una agresión sexual con penetración.
Otra de las polémicas se centra en que el tribunal – integrado por tres magistrados – no admitió los mensajes de whatsaap de los acusados, previos a los hechos, con comentarios acerca de abusar de jóvenes en esas fiestas.
Por el contrario, aceptó un informe de detectives privados sobre las publicaciones de la mujer en redes sociales encargado por las defensas, que aportaron una imagen que ella subió a Instagram con el lema "Hagas lo que hagas, quítate las bragas".
Organizaciones feministas reaccionaron de forma airada, acusando a los jueces de "machistas" porque no se trata de juzgar a la "víctima", argumentaron, sino a los agresores.
