Santiago de Chile, 19 ene (EFE).- La Justicia chilena determinó este martes la prisión preventiva en contra de tres expolicías condenados por su participación en el homicidio en noviembre de 2018 del comunero mapuche Camilo Catrillanca, caso que sacudió los cimientos de la Policía chilena por el encubrimiento del crimen.
En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Temuco, en la región sureña de La Araucanía, ordenó modificar las medidas cautelares de los tres excarabineros dados de baja, que hasta ahora permanecían con arresto domiciliario, arraigo nacional y firma mensual.
Dos años después de que Catrillanca, de 24 años, recibiera un disparo mortal en la nuca, los tribunales chilenos condenaron a un expolicía por perpetrar el homicidio y a otros seis exagentes y un abogado por encubrir el crimen y obstruir la investigación.
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El denominado "Caso Catrillanca" marcó un punto de inflexión para el Cuerpo de Carabineros, la policía militarizada de Chile, pues para muchos expertos terminó de hundir a la institución en un descrédito generalizado, luego de comprobarse una malversación de fondos públicos superior a 45 millones de dólares.
El Tribunal Oral en lo Penal de Angol halló culpable del disparo el pasado 7 de enero al exagente Carlos Alarcón, que enfrenta una pena efectiva de 15 años de prisión por "homicidio simple consumado" y "homicidio simple frustrado", cuya condena será leída el próximo 28 de enero.
Catrillanca, que murió horas después de ser impactado en la nuca en un hospital de la zona sur del país, estaba acompañado por un adolescente de 15 años en un tractor de la comunidad de Temucuicui.
Falsa declaración
Los policías que participaron en el hecho, miembros del llamado "Comando Jungla", dijeron en una primera declaración que habían sido emboscados y que el tractor que manejaba el comunero se habría cruzado en el tiroteo, pero un peritaje ordenado por la Fiscalía desestimó esta versión.
Fue el propio Alarcón quien admitió que el abogado Cristián Inostroza, también condenado junto a otros exagentes por delitos como obstrucción a la investigación, apremios ilegítimos o disparo injustificado, les indicó que debían entregar una versión falsa.
En principio, se negó la existencia de grabaciones del incidente, pero unas semanas más tarde medios locales difundieron el registro en cámaras corporales que portaban los uniformados que efectuaron el operativo, desmintiendo las afirmaciones de la alta oficialidad.
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Eso le costó el cargo al entonces general director de Carabineros, Hermes Soto, y puso en la picota al entonces titular del Interior, Andrés Chadwick, que declaró como testigo en el juicio.
El asesinato de Catrillanca, convertido en uno de los símbolos de las manifestaciones del año pasado, fue el primer gran mazazo que recibió el presidente chileno, Sebastián Piñera, y empañó sus planes para amainar la conflictividad en el sur del país.
