Guatemala, 6 sep (EFE).- El Gobierno guatemalteco describió hoy un "modus operandi" de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como el de una red "paralela" y "clandestina" constituida en instancia supranacional a través de la que Naciones Unidas vulnera la soberanía del país.
"Es inaceptable y contrario a los propósitos de Naciones Unidas que pretendan constituirse en una instancia supranacional que dicte a los Gobiernos como ejercer sus atribuciones que electoralmente le han delegado sus ciudadanos. Hacerlo vulnera la soberanía de los Estados", proclamó la canciller guatemalteca, Sandra Jovel.
La ministra de Relaciones Exteriores, que salió abucheada por los medios al abandonar la conferencia sin responder a todos las preguntas -al igual que el ministro de Interior y el Procurador General de la Nación-, acusó a la ONU y a su secretario, António Guterres, de ignorar las quejas de Guatemala por el actuar de la CICIG y de su jefe, el abogado colombiano Iván Velásquez.
Jovel le dijo a Guterres que de manera "imparcial e inmediata" atienda las preocupaciones de Guatemala, un Estado miembro de la organización.
Y es que a su juicio, la Comisión vulneró su acuerdo de creación y se convirtió en una "estructura paralela a imagen de los aparatos (clandestinos) que estaba destinada a combatir".
Para afianzar esta acusación, de la que dijo han presentado pruebas a la ONU, Jovel expuso varios casos paradigmáticos que no acabaron en sentencia condenatoria, un hecho que a su juicio sirve para ilustrar una "manipulación de la justicia" y una vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
Además, señaló que el jefe de la CICIG, que tiene prohibido entrar a Guatemala, se "extralimitó" en su mandato y se inmiscuyó en asuntos internos del país que no le competían, como llegar "al colmo" de influir en los diputados para aprobar enmiendas a la Constitución o a otras leyes ordinarias.
Te recomendamos: CICIG atenta contra la seguridad y la paz de Guatemala
En su opinión, también se hizo un "abuso en la mediatización de los casos", un hecho que llegó a "intimidar y aterrorizar a la ciudadanía".
"Ante todos estos excesos -de los que según la ministra entregaron pruebas a la ONU– se decidió no prolongar el mandato de la Comisión e impedir el ingreso del señor Velásquez, dado que su presencia atenta contra el orden y la seguridad pública, y afecta a la gobernabilidad y la institucionalidad".
El Gobierno de Guatemala y la CICIG mantienen una fuerte pugna que se hizo notoria desde que varios de los familiares del presidente, personas allegadas y él mismo aparecieron señaladas en algunas investigaciones, aunque el mandatario ha negado que estas decisiones obedezcan a intereses personales.
