Guatemala, 17 sep (EFE).- El Gobierno guatemalteco aseguró hoy en una carta enviada a la Organización de Naciones Unidas que la salida del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez, no tiene vuelta atrás y es definitiva.
"Al respecto, me permito confirmar que la decisión que el Estado de Guatemala ha tomado con relación al desconocimiento del señor Iván Velásquez como comisionado a cargo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala es definitiva y no negociable", aseguró en el texto, con fecha de hoy, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel.
La nota diplomática, publicada por medios locales, ha sido confirmada por la Cancillería, que esta misma mañana anunció que había enviado una para comunicar la decisión en firme del Gobierno y el plazo de 48 horas para elaborar una lista de posibles sustitutos de Velásquez.
En este texto, la canciller le dice al secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, que es "preciso" que designe "de inmediato" al nuevo comisionado con el fin de que transfiera las capacidades de la CICIG a las instituciones guatemaltecas antes del fin del mandato del ente, en septiembre de 2019.
"Como se afirmó en la misiva del 3 de septiembre de 2018, la designación del nuevo comisionado o comisionada deberá hacerse con el asentimiento del Estado de Guatemala, lo cual es consistente con las prácticas, reglas y principios del derecho internacional", dice la carta, para lo que da un plazo de 48 horas.
Después de ello, continúa, Guatemala estará "en posibilidad" de hacer las consideraciones que el caso amerita y otorgar su asentimiento a quien tenga "el perfil idóneo para los intereses del Estado de Guatemala, para concretar su designación en un tiempo razonable".
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"El Estado de Guatemala atribuye al secretario general la responsabilidad de las medidas que se han debido tomar para resguardar los intereses nacionales (…) y le hace responsable de cualquier circunstancia adversa que surja de la falta de designación del nuevo comisionado en los términos aquí solicitados", continúa.
La misiva también le pide a Guterres que les "aclare" a los países donantes y a la comunidad internacional que Velásquez dejó de ser el comisionado y le pide que las futuras comunicaciones sean por la vía oficial, "evitando hacer comunicados de prensa de manera unilateral".
"La confusión generada por los comunicados que fueron girados desde esa Secretaría (la de la ONU), en términos contrarios, es inaceptable y debe ser enmendada para evitar que cualquier persona, incluido el señor Iván Velásquez, incurra en irresponsabilidades por usurpar una calidad que no le corresponde", concluye.
El Gobierno guatemalteco, que ya había confirmado su decisión de no permitir la entrada al país de Velásquez a pesar de un fallo de la Corte de Constitucional que revoca esta decisión, tiene una fuerte pugna con la CICIG, un ente que continúa comandado por el abogado colombiano desde el exterior por decisión del propio Guterres.
El artículo 5 del acuerdo de creación de la CICIG, rubricado por la ONU y el Estado de Guatemala en 2006, señala que el comisionado es "designado por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas".
Entre los requisitos está ser jurista y poseer un alto nivel de competencia profesional en esferas directamente relacionadas con el mandato de la CICIG, particularmente los derechos humanos, el derecho penal y el derecho internacional, así como poseer una amplia experiencia en la investigación y el combate a la impunidad".
La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la CICIG se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.
Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la CICIG, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder. EFE
