El Congreso peruano destituyó este jueves y denunció por crimen organizado al juez de la Corte Suprema César Hinostroza, implicado en una trama de tráfico de influencias en las altas esferas de la judicatura, por la que también fueron señalados por corrupción 4 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
El pleno del Parlamento inhabilitó por diez años a Hinostroza, cuya denuncia contempla los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal, por supuestamente ser el cabecilla de la trama.
El delito de crimen organizado no había sido incluido inicialmente en la comisión que vio de manera previa la denuncia constitucional contra Hinostroza, pero la presión en la opinión pública llevó a cambiar la decisión en el pleno, dominado con mayoría por el fujimorismo.
El ex juez deberá ahora sustentar su defensa ante un fiscal Supremo, por ser alto funcionario público, quien finalmente lo acusará ante el Poder Judicial.
Hinostroza presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Perú cuando salió a la luz una serie de conversaciones telefónicas en las que se le escuchaba convenir contrataciones con magistrados de menor jerarquía y mover influencias para que sus allegados ocupasen cargos en la Fiscalía y el Consejo de la Magistratura
Entre las grabaciones difundidas, la más polémica es una donde Hinostroza ofrece absolver a un violador de una menor de 11 años, lo que causó gran indignación en el país.
En otra se infiere un encuentro con una "Señora K" de la "Fuerza Número Uno", que posiblemente se refiere a Keiko Fujimori, líder del partido fujimorista Fuerza Popular, cuando la sala que presidía debía fallar sobre un recurso presentado por la hija del ex presidente Alberto Fujimori a una investigación por lavado de activos.
Los cuatro miembros del Consejo de la Magistratura denunciados son Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Guido Aguila y Orlando Velásquez, quienes se salvaron de ser acusados de crimen organizado.
Sin embargo, Aguila y Gutiérrez también fueron inhabilitados por diez años y acusados de patrocinio ilegal en el caso del primero y de cohecho pasivo especifico para el segundo.
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Por su parte, Noguera también fue denunciado por patrocinio ilegal y Velásquez por cohecho pasivo especifico.
De este proceso fue sacado el congresista Héctor Becerril, uno de los principales portavoces del fujimorismo y quien mantuvo reuniones con los consejeros de la Magistratura para presuntamente acordar un presidente del órgano afín a los intereses de su partido.
Este caso también se cobró el cargo del encarcelado presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, otra de las principales figuras de este caso, además del exministro de Justicia Salvador Heresi, quien aparece en las grabaciones telefónicas.
El escándalo se conoció gracias a las escuchas ordenadas por un juez para investigar a una red de narcotráfico, cuyas llamadas terminaron llevando a la Fiscalía y a la Policía a este grupo de altos jueces al que llamaron "Los Cuellos Blancos del Puerto".
La indignación que causó este caso llevó al presidente de Perú, Martín Vizcarra, a impulsar una serie de reformas políticas y judiciales que fueron aprobadas por el Congreso para ser sometidas en diciembre a un referéndum, entre ellas la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura.
