La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia aceptó este viernes la solicitud que le hizo el senador Iván Cepeda para que se lo reconozca como víctima dentro del proceso penal que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe y el excongresista Álvaro Hernán Prada por supuesta manipulación de testigos.
El reconocimiento de Cepeda como víctima se dio porque la Corte encontró que cumplen los requisitos que exige la ley para que sea parte del proceso como un posible afectado por las conductas por las que es investigado Uribe.
De otra parte, mientras esta nueva sala decide sobre una solicitud en la que se pide anular el proceso contra el expresidente, el llamado a indagatoria que le había hecho la Sala Penal de ese alto tribunal estará suspendido. Es decir, por ahora la indagatoria está congelada hasta que la Corte decida si acepta o no anular la investigación contra el senador del Centro Democrático.
La razón es que, al crearse en la Corte dos nuevas salas (la de Instrucción y la de Juzgamiento en Primera Instancia) todo el proceso en contra de Uribe pasó a manos de nuevos magistrados, los cuales no solo deben estudiar todo el caso sino también decidir la solicitud de nulidad que el expresidente había presentado.
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El caso lo tiene la magistrada Cristina Lombana, quien ya radicó un proyecto de fallo sobre la solicitud de nulidad que los magistrados ya están discutiendo.
Se espera que la decisión sea tomada pronto, pero no será Lombana únicamente quien lo determine sino la sala en pleno, para brindar mayores garantías.
En el caso también es investigado el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, quien igualmente presentó una solicitud de nulidad que la Sala de Instrucción estudia.
Por el momento, este caso por presunta manipulación de testigos es el único de los 20 que tiene Álvaro Uribe en la Corte Suprema que está en etapa de investigación formal, los otros están en investigación preliminar.
La investigación contra Uribe se inició el año pasado luego de que la Corte Suprema lo llamó a indagatoria porque, supuestamente, a través de su abogado, Diego Cadena, habría presionado al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de los señalamientos en los que involucraba al expresidente con el paramilitarismo.