HOUSTON (AP) — Meses después de que el gobierno de Donald Trump anunció el fin de la separación generalizada de niños inmigrantes de sus padres, esta política se sigue discutiendo acaloradamente en las cortes, donde los defensores de los migrantes aseguran que continúa la separación innecesaria de las familias.
De acuerdo con un informe del Proyecto Derechos Civiles en Texas, hubo 272 separaciones en un solo tribunal en Texas desde junio, cuando un decreto del presidente Donald Trump ordenó el fin de las separaciones de familias, que habían provocado indignación generalizada.
La gran mayoría de los casos afectan a niños que cruzan la frontera desde México con familiares que no son sus padres, tales como abuelos, tíos y hermanos adultos.
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En 38 de los casos se trataba de un padre o guardián legal, la mayoría de los cuales tenían antecedentes penales, según el grupo.
La policía de aduanas y protección fronteriza CBP sostuvo en un comunicado que el grupo incluía incorrectamente casos de otros familiares porque la Ley de Seguridad Nacional “no hace concesiones para personas que no sean un padre o guardián legal”. La CBP incluye la Patrulla Fronteriza, que detiene a las personas que ingresan a Estados Unidos sin autorización.
El gobierno y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) están enfrentados en las cortes acerca los quizá miles de niños que fueron separados de sus familias antes de junio, cuando una orden judicial ordenó la rápida reunificación de las familias.
El gobierno ha reconocido que separó a más de 2.700 niños de sus familias y volvió a reunir a la mayoría de ellos, pero el informe de un organismo de vigilancia el mes pasado halló que otros miles de niños fueron separados y liberados antes de esa orden.
“Lo que sucede es que el gobierno realiza las separaciones unilateralmente sin un proceso que las cuestione y sin que un experto en bienestar infantil las supervise”, dijo el abogado de ACLU Lee Gelernt.
Uno de los temores, dijeron Gelernt y otros, es por la suerte de niños entregados a familiares en disposiciones que nunca fueron regularizadas.
En un caso descubierto por el Proyecto Derechos Civiles de Texas, un niño guatemalteco de 11 años fue separado del tío, que era su guardián porque su padre no tenía participación en su vida y su madre había muerto de cáncer, dijo el abogado Efren Olivares.
“Son situaciones muy difíciles, sobre todo porque la posición del gobierno es que no tiene la responsabilidad de reunirlos porque no es el guardián legal”, afirmó.
Desde mediados del año pasado los abogados del proyecto concurren diariamente al tribunal en McAllen a hablar con adultos acusados de entrar sin autorización a Estados Unidos y preguntarles si habían traído niños. McAllen se encuentra en el Valle del Río Bravo en el sur de Texas, el sitio más concurrido para los cruces clandestinos de la frontera.
Las autoridades de inmigración dicen que la ley contra el tráfico de personas los obliga a procesar a los niños que llegan sin un padre o guardián legal como “menor no acompañado”, aunque los acompañe un adulto que no sea lo uno ni lo otro.
“A falta de verificación de que un adulto es el padre o guardián legal de un menor, CBP seguirá dando prioridad a la seguridad del menor y cumpliendo con las disposiciones de ley”, dijo el organismo.
Los menores centroamericanos no acompañados generalmente son enviados a instalaciones del gobierno, donde los adultos pueden ser detenidos y procesados por ingreso ilegal al país. Las autoridades también pueden separar a los niños de sus padres si consideran que es lo más conveniente para el menor, sobre todo cuando el padre tiene antecedentes criminales.
Gelernt dijo que el gobierno debería ocuparse de determinar si el pariente adulto tiene al niño a su cargo.
“No se puede dar por sentado de que uno se lleva al niño si el adulto no es el padre biológico o adoptivo”, dijo el abogado.
