En la última década, la Arquidiócesis de San José en Costa Rica ha tramitado 19 casos de abusos sexuales por parte de sus sacerdotes.
Destaca el de Mauricio Víquez Lizano, contra quien se giró una orden de captura internacional tras una denuncia en su contra por violación calificada contra un menor de edad.
No obstante, de los casos recibidos, la Arquidiócesis no elevó ni uno solo ante las autoridades judiciales.
Siete de los presbíteros denunciados recibieron – desde el Vaticano – condenas canónicas, seis fueron expulsados del estado clerical y uno no puede volver a realizar oficios religiosos parroquiales (entiéndase, misas, bautizos, funerales). Sin embargo, ninguno de los casos fue llevado ante las autoridades judiciales del país.
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El caso de Víquez, al igual que el de otros cinco padres, está siendo analizado en la Congregación para la Doctrina de la Fe. De las investigaciones, una fue desestimada en Roma y otra en la investigación previa hecha por la iglesia en Costa Rica.
En informaciones difundidas en otros países, por ejemplo, en España, se detalla que los sacerdotes denunciados por este tipo de casos son enviados a lugares de “rehabilitación” o descanso.
En Costa Rica la realidad es distinta, según lo confirma la Curia Metropolitana.
El padre Rafael Ángel Sandí, canciller de la Curia Metropolitana, explicó que en el caso de la Arquidiócesis de San José, “después de que un sacerdote ha sido denunciado, no se le envía a ningún lugar”, pues debe hacerle frente al proceso de tipo penal (en caso de que haya una denuncia) o el proceso establecido por la Iglesia Católica.
Sandí aseguró, tras una consulta de este medio, que a los presbíteros denunciados, se les libera “de todos sus oficios y según sea el caso se le suspende del ejercicio del sacerdocio mientras es juzgado y se establece su culpabilidad o inocencia”.
La Arquidiócesis de San José solo ve los casos de las parroquias de Heredia, Tres Ríos y San José.
