Panamá, 10 feb (EFE).- Decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente y violentamente maltratados física y psicológicamente por sus cuidadores durante los últimos cuatro años en al menos 12 albergues de Panamá financiados y supervisados por el Estado, reveló un informe de una subcomisión del Parlamento al que tuvo acceso EFE.
"Fue muy lamentable conocer de primera mano que la realidad supera la ficción: el estado de abandono y revictimización es sorprendente. Los menores están en condiciones infrahumanas", dijo a EFE la diputada suplente de libre postulación Walkiria Chandler, que integra la subcomisión parlamentaria que llevó a cabo la investigación.
El informe ejecutivo, al que EFE tuvo acceso, confirma que "existen evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual", además de las malas condiciones en las que viven.
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El documento fue redactado tras seis meses de investigación realizada por la subcomisión creada por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia del Parlamento y conformada por Yesenia Rodríguez, Petita Ayarza y Gabriel Silva, quien habilitó a Walkiria Chandler.
Los niños habitan en estos albergues que están bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), una entidad pública descentralizada del Estado y que en su junta directiva están los titulares de las carteras de Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo, Economía y la Controlaría.
Estos hospedajes acogen a menores de edad que provienen de situaciones y hogares vulnerables.
Abusos, maltratos y albergues sin permisos
"Los abusos son psicológicos, mentales y sexuales. Tuvimos acceso a los expedientes y evaluaciones de los menores que quedaron con secuelas de estos abusos", añadió la diputada.
Según las conclusiones del informe, hay albergues que operan sin permiso de funcionamiento o el que tienen es de carácter provisional, incluso a nivel nacional aparecen hospedajes "en funcionamiento sin que Senniaf supiese de su existencia".
También, la mayor parte de los albergues "están regentados por fundaciones, oenegés y organismos de corte religioso", en estos últimos "los de denominación evangélica superan a los católicos".
En concreto, en los albergues que cuentan con la presencia de entes religiosos "se les decían que no hacia falta la medicación, y que era mejor orar", incluso a menores de edad que tenían trastornos tan severos como la epilepsia.
Además, el informe enumera las deficientes condiciones con las que tienen que vivir los menores, pues en muchos de ellos no hay segregación de sexo o edad y "se mezclaba a hombres y mujeres, menores de edad con discapacidad incluso con personas que estaban en proceso desintoxicación de consumo de drogas y otros adultos mayores".
Así como en el "90 % de los albergues no cuentan con recurso humano especializado técnicamente en el trabajo" de menores".
Hasta agosto del año pasado, cuando arrancó la investigación, había 942 niños, niñas y adolescentes en albergados a nivel nacional. De estos, el 49 % estaba a ordenes de la Senniaf, el 24 % de los Juzgados de Niñez, un 17 % bajo la tutela de familiares, el 8 % a ordenes del ministerio y el 2 % se encontraba en hospitales.
De estos niños, niñas y adolescentes sesenta (60) se encuentran en adoptabilidad y ochocientos ochenta y dos (882) se encuentran en protección.
