El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este martes que abrirá una investigación penal por la supuesta trama de corrupción de opositores con los fondos destinados a la 'ayuda humanitaria' dirigida a venezolanos.
William Saab se refirió a una presunta red de corrupción en la que participarían los representantes del diputado Juan Guaidó en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, con la finalidad de desviar a sus cuentas personales los recursos destinados a la 'ayuda humanitaria' y la manutención y el hospedaje de un grupo de militares venezolanos desertores que cruzaron al territorio colombiano. Estas denuncias fueron hechas tanto en una publicación periodística como por el Gobierno de Nicolás Maduro.
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El fiscal venezolano aclaró según RT que su país tomará parte de esta investigación debido a que los fondos que administran las personas designadas por Guaidó son asignados desde Venezuela, "por lo que corresponde a nuestra jurisdicción investigar tanto la procedencia del dinero como su utilización".
Primeros imputados
Rossana Edith Barrera Castillo y Kevin Javier Rojas Peñaloza, emisarios del diputado en Cúcuta, fueron imputados por la Justicia venezolana, según informó el titular del Ministerio Público, por los delitos de "legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir".
El fiscal explicó que Barrera y Rojas presuntamente falsificaron facturas para hacer creer que pagaban hoteles donde se alojaban los exuniformados venezolanos, que cruzaron la línea limítrofe tras el intento fallido de ingreso de 'ayuda humanitaria' dirigido por el autoproclamado "presidente encargado" el pasado 23 de febrero. "En realidad eran canceladas por Acnur", agregó el fiscal.
De igual manera, prosiguió William Saab, "inflaron el número de supuestos militares desertores que se encuentran en Cúcuta para justificar el despilfarro del dinero". Migración Colombia establece en 1.400 el número de exuniformados pero la cifra, según Caracas, no supera los 300.
