SAN SALVADOR (Sputnik) — El despliegue de patrullas en la frontera de El Salvador con Honduras y Guatemala evidencia un doble discurso del presidente Nayib Bukele respecto de los emigrantes, aseguró a Sputnik el diputado Gustavo Acosta, del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
"Esta medida inconsulta atenta contra el derecho humano a emigrar, parece aprobada para quedar bien con Estados Unidos y darles la espalda a nuestros ciudadanos, lo cual evidencia un doble discurso: en el Norte es un hermano lejano que manda remesas, pero aquí es un delincuente", argumentó Acosta en diálogo con Sputnik.
El propio ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, supervisó el 12 de septiembre el despliegue de unos 300 agentes de la Dirección General de Migración y Extranjería y de un centenar de oficiales de la Policía Nacional Civil, encargados de patrullar 154 puntos ciegos en las fronteras de esta nación centroamericana.
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La medida había sido anunciada por el propio Rivas a fines de agosto pasado en Panamá, durante una reunión ministerial de seguridad en América Central, poco antes de la firma de un convenio migratorio con Estados Unidos, cuyos detalles aún son ambiguos para la oposición a Bukele, que teme que siente las bases para convertir a El Salvador en un "tercer destino seguro".
"La bancada del FMLN ya convocó a Rivas a la Asamblea Legislativa [Parlamento] para que explique los alcances de esa patrulla, porque la percepción es que se trata de una persecución de emigrantes, una extensión de las patrullas migratorias de Estados Unidos", agregó Acosta.
El parlamentario del partido salvadoreño de izquierda negó que la intención sea promover la migración, pero insistió en que los diputados tienen el deber de garantizar los derechos humanos de los salvadoreños y necesitan saber hasta qué punto serán protegidos por este nuevo cuerpo represivo.
Para Acosta, conocido como Pichi en el ámbito político salvadoreño, es preocupante que, lejos de combatir el fenómeno migratorio, este se agrave por una patrulla fronteriza.
Otros mecanismos
"La gente va a buscar otros mecanismos poniendo en riesgo sus vidas. Estamos de acuerdo en que hay que generar las condiciones en el país para que la gente no emigre, pero el que decide migrar tiene el derecho de hacerlo, y si lo hace, el Estado está obligado en garantizar las condiciones mínimas para que lo haga de una manera segura", enfatizó.
Como diputado, Acosta ha integrado delegaciones que negociaron en Estados Unidos iniciativas a favor de una comunidad de casi dos millones de emigrantes, cuyas remesas constituyen una de las principales fuentes de ingresos para El Salvador.
En tal sentido, advirtió que el actual Gobierno parece más interesado en satisfacer la agenda de Washington en materia migratoria que en impulsar y cumplir con una política de Estado que responda a los intereses salvadoreños.
